La batalla judicial entre los vecinos del barrio de Santo Domingo, perteneciente al municipio de Algete (Madrid) y el operador de los aeropuertos españoles, AENA, y la patronal madrileña CEIM sigue en pie. En este contexto, persiste el temor de que el Supremo fuerce a una reducción operativa de Barajas, lo que podría implicar una reestructuración de la plantilla de 40.000 empleos, según fuentes empresariales. El recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por los vecinos madrileños, cuyas casas se ubican a unos 18 kilómetros del aeropuerto, tiene en vilo al operador, pues está poniendo entre las cuerdas al gigante de transporte español. Vulneración al derecho “a la intimidad domiciliaria” a causa de los elevados niveles de ruido del aeropuerto. Esta es la principal queja que viene prolongándose desde hace más de diez años.
Ya en 2008 el Supremo reconoció que AENA había lesionado los derechos de los vecinos por sobrevolar sus viviendas y reclamó que el operador modificara su “modus operandi” para satisfacer las demandas de los vecinos. El TSJM no aprobó las medidas adoptadas por la compañía, de modo que determinó la reducción de un 30% de la actividad de la pista 18R. En la práctica, supondría inutilizar una de las pistas, lo cual tendría un “impacto ruinoso sobre la economía española, la movilidad de los ciudadanos, el empleo, el turismo y la industria de la Comunidad de Madrid y del país”, según fuentes empresariales. A consecuencia de ello, tal y como afirman las mismas fuentes, podrían reducirse hasta 40.000 empleos en toda España que serían imposibles de regenerar hasta 2030. Como consecuencia, se vería reducido el volumen de pasajeros en 70 millones. Así, AENA sigue pendiente de la resolución final visto que el ruido de los aviones pone en peligro el futuro del aeropuerto de Barajas, reduciendo así su capacidad.
