El Ayuntamiento de Madrid no ha tomado aún una decisión sobre si va a repercutir o no a los afectados los costes de demolición y desescombro del edificio de Carabanchel derrumbado en agosto, pero de momento ha cumplido con la obligación legal de remitir las facturas a los vecinos y será flexible.
"No hay una decisión tomada", ha dicho a los periodistas el concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que ha apuntado además que se evaluará en cada caso de forma particular y se decidirá "lo que más convenga a las familias".
Fuentes del Ayuntamiento han explicado además que los costes están en fase de conclusión y que "una parte" se repercutirá en los propietarios "siguiendo la normativa que se aplica en todas estas intervenciones", puesto que, añaden, "lo contrario sería un agravio comparativo" y se tiene en cuenta "el pago del seguro".
"En todo caso se buscan las fórmulas para facilitar al máximo las condiciones", han añadido esas fuentes después de que Calvo haya expuesto su posición ante los medios.
José Manuel Calvo ha hecho estas precisiones después de que el popular Álvaro González haya recriminado al Ayuntamiento su intención de cobrar 300.000 euros a unos vecinos "muy humildes" a quienes en un primer momento se les dijo que el Ayuntamiento asumiría todos los cargos.
"Por defecto, el Ayuntamiento debe repercutir los trabajos porque son con cargo a los presupuestos municipales y lo financian todos los madrileños y españoles con sus impuestos; no obstante, cada caso exige un estudio y este ha sido un caso muy particular", ha dicho el concejal delegado, además de responder que "sin duda" puede haber flexibilidad.
"Incluso si alguna familia o familias no pudieran hacer frente a determinados pagos, evidentemente este Ayuntamiento mira por la gente y garantizará esos derechos económicos de las familias", ha señalado José Manuel Calvo.
Sobre las posibles irregularidades con las pertenencias de estos vecinos custodiadas en un descampado de Cuatro Vientos, Calvo ha dicho que si ha habido algún problema los vecinos tienen derecho a tomar las medidas que correspondan y que el Ayuntamiento "asumirá la responsabilidad".
Por su parte, la secretaria general técnica, Soledad Muñoz, señalaba en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha concretado que en la demolición del número 5 de Duquesa de Tamames se invirtieron 188.751 euros, sumados a los 47.143 euros por desescombros.
Los apeos en el vecino inmueble de Duquesa de Tamames 7 supusieron un desembolso de 46.360 euros. Ahora se repercutirán esos gastos a los vecinos "por ejecución subsidiaria". "Son repercutibles sobre los propietarios", ha añadido la secretaria general técnica.
