“Mi desahucio y mi ansiedad por la falta de soluciones me han causado un aborto”. Son palabras de Lidia Romero, que desde el 19 de junio acampa con su marido, Santiago, ante la Junta Municipal de Carabanchel para pedir a la Administración una solución a su falta de vivienda. Seis días antes habían sido expulsados de la casa en la que residían tras la denuncia del fondo buitre Fidere (Blackstone), actual propietario, que la había adquirido como parte del lote de viviendas públicas de la EMVS que hace cuatro años vendió el Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, las malas noticias no vienen solas y después de quedarse en la calle, el pasado sábado Lidia perdió el bebé que esperaba. “Nada es casual y en la naturaleza de esta pérdida basta apuntar con el dedo a los responsables que tiraron abajo la puerta de casa, a la falta de soluciones de las administraciones públicas y a lo que significa que te echen a vivir en un albergue con tus hijos o tener que acampar en la calle porque sencillamente tu situación no le interesa a nadie que tenga un cargo político y algo que explicar”, indica la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que junto a la Asamblea Popular de Carabanchel ha apoyado a la familia en todo momento.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), indignada por esta desgracia “motivada por la falta de vivienda”, exige al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid una solución justa y urgente para la familia, un alquiler social en una vivienda pública, algo que Lidia lleva quince días demandando.
El 13 de junio, Lidia y Santiago, una joven pareja madrileña en desempleo con cuatro niños a cargo, vieron indefensos como la puerta de su vivienda era tumbada a mazazos por la policía, culminando así “otra barbarie de lo que ha supuesto el expolio de la vivienda pública en Madrid”, a tenor de la coordinadora y de la FRAVM.
El SAMUR Social activó el día del desahucio su protocolo habitual y les trasladó a un albergue en el que permanecieron cinco días. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid fueron capaces de proponer en ese tiempo una alternativa habitacional adecuada para la familia y, transcurridos esos cinco días, Lidia y Santiago iniciaron una acampada frente a la Junta de Distrito de Carabanchel para exigir una vivienda digna. Un alquiler razonable que la pareja lleva tramitando 15 años, formando parte del largo listado de solicitantes de vivienda de la Comunidad de Madrid. Desde el día 19 de junio se encuentran exigiendo una solución que no llega, y lo hacen en la calle, acampados, mientras vecinos y amigos les apoyan con comida y agua.
Lidia critica que en la Concejalía del distrito liderada por Esther Gómez “se comprometieron (verbalmente) a conseguir un alquiler dentro del mercado inmobiliario, durante un período de tres meses hasta que accediésemos a una vivienda de emergencia de la EMVS”.
