El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, y los concejales Pablo García-Rojo y Gabriel Calles, han visitado esta mañana unas viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), situadas en el distrito de Carabanchel, que el gobierno municipal ha vendido a un fondo de inversión por 125,5 millones de euros.
“Son 150 pisos que se venden a un fondo de inversión, que algunos llaman fondos buitre, que no tienen ni alma ni corazón ni sensibilidad”, indica Lissavetzky, quien subraya que “este dinero lo necesitaba la alcaldesa Ana Botella para hacer caja por su mala gestión, para reponer la deuda del Ayuntamiento, la más elevada de España, más alta que la de París”.
“Se trata de un suelo público, de un edificio público, de viviendas públicas, pagadas con el dinero de todos, que ahora se convierten en algo privado. Y lo hacen con los vecinos que viven dentro”, explica el portavoz socialista, quien recuerda que estos tuvieron que pasar por una serie de requisitos y unas listas de espera para acceder a estos pisos y que muchos de ellos llevan aquí casi diez años.
“Lo peor es la inseguridad jurídica que están viviendo”, denuncia el edil. Porque en un primer momento se les dijo que se subrogaban a ese fondo con todos sus derechos, pero ahora se les está diciendo otra cosa. Les están cambiando las condiciones, no tienen derecho de tanteo y retracto, se les pide que abonen unas cantidades que antes no debían de pagar e incluso a algunos se les ha amenazado ya con el desahucio.
“Esto es una vergüenza para la trayectoria de vivienda pública que tiene Madrid, su Ayuntamiento y su Comunidad”, reprocha Lissavetzky y pide a la regidora que dé marcha atrás. “Como no escucha ni tiene sensibilidad social para acceder a esta petición –juzga el concejal del PSOE- nos hemos puesto a disposición de los vecinos para acompañarles en sus trámites judiciales que permitan revertir esta situación que ha creado Ana Botella”.
Finalmente, el portavoz socialista en el Ayuntamiento ha anunciado que “convertiremos esta denuncia política en una denuncia jurídica”, ya que “desde el gobierno municipal no hacen más que esperar a que caigan las hojas del calendario sin pensar en la situación de sufrimiento personal que están viviendo estos vecinos”.
