La instalación de una gasolinera en una parcela colindante al colegio Ábaco, situado en el número 6 de la Avenida de la Peseta, ha provocado una revolución en esta zona de Carabanchel. A pesar de que la delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, afirmó el pasado mes de julio, que esta gasolinera prestará un servicio “necesario” para la configuración de la ciudad, y que no ocasionará problemas al vecindario, “una gasolinera no es peligrosa”, señalaba la delegada, padres de alumnos del colegio y vecinos de la zona han realizado ya varias movilizaciones para intentar parar estas obras. Para ello han creado una plataforma, “Paralicemos la gasolinera”, y han mantenido reuniones con algunos de los responsables. “No tiene sentido poner una gasolinera junto a un colegio”, afirman los vecinos, ya que se generarán muchos “problemas de olores, peligro en la carga y descarga, incremento del tráfico y gases nocivos que emanarán de la estación de servicio”. “Es un sin sentido tener esas dos actividades una junto a la otra”, explicó Pedro Casas de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, para quien “quizá el proyecto cumple toda la legalidad, pero es una irresponsabilidad política”.
¿Quién es el responsable?
Mientras, el Ayuntamiento y la Comunidad se acusan mutuamente de haber permitido la construcción de esta gasolinera. Según el Consistorio, el ejecutivo regional ya sabía cuando eligió la parcela para el colegio que en los terrenos de al lado se construiría una estación de servicio ya que “tuvieron que hacer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ella, y la función de este informe es estudiar el entorno de la gasolinera”, explicaron fuentes del área de Gobierno de Urbanismo. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid indicaron que “cuando el Ayuntamiento concedió el terreno, la Comunidad sólo tenía el informe urbanístico de la parte que afectaba al colegio. Se desconocía que en la parcela de la lado iban a hacer una gasolinera, no teníamos constancia”.
El error viene del hecho de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 definía las dos parcelas como un único ámbito con calificación de uso educativo en su integridad. Sin embargo, el Plan Parcial segregó la zona en dos parcelas: una se quedó para equipamiento educativo y la otra pasó a ser de servicios. De todas formas el Consistorio ha señalado que no anulará la licencia porque “no se puede justificar legalmente un expediente” y la indemnización sería de 15 millones.
