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23/07/2013 - Admin Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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IU denuncia el abandono y ocupación de un edificio histórico propiedad del Ayuntamiento
El Palacio de la Infanta Carlota, situado en la calle de la Luna, fue anunciado por Gallardón como una nueva dotación que vendría a paliar las carencias del distrito Centro

Hace tan solo dos años el Ayuntamiento, con el dinero de los madrileños y las madrileñas, pagó más de ocho millones de euros por él. Hoy el histórico Palacio de la Infanta Carlota, situado en la calle Luna 32 y en estado de total abandono, incluidos sus ornamentos, está ocupado en su inmensa mayoría de manera ilegal de tal modo que el equipo de gobierno ha anunciado que deberá desalojar 25 de las viviendas. Otras nueve serán susceptibles de realojo por parte de la EMVS.

Así lo ha anunciado la Directora General de Gestión Urbanística, Isabel Pinilla, en respuesta al portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, que ha llevado este asunto a la Comisión Informativa. “Cabe preguntarse, apuntó Pérez, si después del derribo de la casa blasonada de Embajadores, a causa de su total abandono, y el deterioro absoluto del Palacio de la Duquesa de Sueca el protocolo de actuación del equipo de gobierno consiste en dilapidar mediante su absoluta dejadez el patrimonio inmobiliario histórico de los vecinos”.

El portavoz recordó que en 2005 fue el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón quien hablaba de déficit de equipamientos en Centro y quien anunciaba que el Palacio hoy ocupado iba a ser una dotación dentro del Plan de Revitalización de Centro que se vendió a bombo y platillo”. “Parece por la respuesta de que ahora será Hacienda quien decida su destino que lo que prometió el señor Gallardón ya no es así; de hecho seis años después está como está”.

Cabe recordar que la expropiación de la finca se aprobó por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de 24 de noviembre de 2005 aunque hasta seis años después no pasó a ser de titularidad municipal tras el pago de 8,5 millones de euros fijados como justiprecio por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este fallo derivaba de la desestimación del recurso interpuesto contra el acuerdo del Jurado Territorial que en 2009 lo había cuantificado en poco más de cuatro millones de euros.

La finca estaba prevista para equipamiento alternativo desde la aprobación del planeamiento general de Madrid de abril de 1997. En 2001, según datos recogidos por los medios de comunicación, se había adquirido por 3,1 millones de euros. En la actualidad está ocupada por 40 viviendas y cinco locales que ejercen el comercio en la planta baja de la misma. El conjunto del edificio está catalogado como elemento singular y, por tanto, goza del sistema de protección de la edificación que le otorga la Norma Urbanística del Plan General vigente. 









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