El juzgado de primera instancia número 54 de Madrid celebra hoy una vista pública a partir de las 12:15 para analizar la legalidad de las obras de la Operación Canalejas, tras una demanda presentada por R&A Palace Gestión, la sociedad que impulsó al inicio del proyecto, en la que pedía la paralización inmediata de todos los trabajos efectuados en los siete edificios. El juzgado ya ordenó el 14 de octubre la paralización de las obras, si bien OHL podría retomarlas a principios de noviembre tras abonar un aval de 163.000 euros que había demandado el tribunal.
A principios de este año técnicos del Ayuntamiento comprobaron que los obreros están realizando una seria de actuaciones «no autorizadas» que podían dañar elementos calificados como bien de interés cultura. Meses después, el propio Consistorio suspendió una parte de las obras al comprobar que además se habían derribado otros elementos en zonas protegidas.
Protegidos inadecuadamente
La Comunidad de Madrid abrió un expediente ante la posibilidad de que se hubieran retirado elementos protegidos inadecuadamente, lo que les llevaría a determinar si se había producido una irregularidad y cabía la sanción. La Fiscalía les pidió información haciéndose cargo del asunto, motivo por el que el expediente regional quedó paralizado.
El 13 de octubre, los nuevos gobiernos local y regional, el Grupo Villar Mir y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) han alcanzado un acuerdo por el que se sacrifica edificabilidad en la operación Canalejas para reducir el impacto visual, lo que se traduce en la reducción del número de pisos de lujo (de una treintena a 22), en habitaciones del hotel de la cadena Four Seasons y en metros cuadrados del centro comercial, sumado al descarte de las dársenas subterráneas de autobuses.
