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16/07/2007 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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31 cámaras vigilarán varias calles del centro de la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado a la Delegación del Gobierno la autorización necesaria para instalar 31 videocámaras que refuercen la seguridad de la calle Montera, la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, los barrios de Sol y de Universidad y la Gran Vía entre Red de San Luis y Callao. De esta forma, el Gobierno municipal responde a las constantes peticiones de los vecinos de la zona que incluso anunciaron su intención de colocar webcams en los balcones de sus casas y “colgar” las imágenes en el portal YouTube.

Esta medida, que previsiblemente se pondrá en marcha antes de que finalice el año, completará el servicio especial de vigilancia intensiva que opera para cubrir el entorno las 24 horas del día. Un entorno muy frecuentado por los turistas ante el reclamo de sus comercios y sus locales de ocio.

Para lograr una vigilancia óptima y minimizar la obra civil en las fachadas, se instalarán cámaras fijas y móviles próximas a farolas de alumbrado público, así como en los báculos de la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, Plaza de Callao, Gran Vía y Red de San Luis.

La señal se almacenará en grabadoras digitales durante un mínimo de 7 días y terminado el plazo se borrará. El centro de integración CTV policial será el encargado de la gestión de las imágenes.

Contra los sexshops de Montera
Otra de las medidas anunciadas por el propio alcalde de Madrid es la posibilidad de expropiar las licencias de los sexshops de la calle Montera. Una actividad que Gallardón ha calificado de “absolutamente incompatible” con la recuperación del centro de la ciudad.

El anuncio no ha sentado nada bien a los dueños de estos locales quienes son los primeros en pedir el traslado de las prostitutas de la zona porque sus ventas también se resienten con su presencia. Por otro lado, los empresarios de la Gran Vía y de Montera han manifestado su satisfacción con el proyecto, en fase de estudio jurídico,  porque negocios como los sexshops no favorecen a la zona.

 

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