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29/07/2016 - Admin Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Castellana Norte denuncia ante el TSJM la anulación de la operación Chamartín
El promotor solicita la revocación del acuerdo del Pleno por desviación de poder y falta de argumentos.

Distrito Castellana Norte (DCN) formuló ayer la primera denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por anular unilateralmente el plan inicial de la denominada como operación Chamartín. El promotor del desarrollo urbanístico del norte de la capital presentó ante el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contencioso administrativo por una presunta desviación de poder y falta de motivación en su acción.

El escrito de la entidad, precursora del proyecto junto al BBVA, solicita la revocación del acuerdo plenario alcanzado entre Ahora Madrid y el PSOE, el pasado 25 de mayo, que tumbó definitivamente el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI). DCN sostiene que el Consistorio enterró la operación «sin fundamento legal y bajo criterios políticos». Fuentes del promotor explicaron a ABC que el hecho de que el plan estuviera aprobado por la Junta de Gobierno, unido al dictamen favorable de las tres administraciones (Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid), significa que solo puede ser anulado previa argumentación técnica y jurídica. Un extremo que, aseguran, no figura en la comunicación oficial del Gobierno municipal.

Castellana Norte, el primero de los implicados que acude a los tribunales, prevé una segunda denuncia, en concepto de «deterioro patrimonial», por los más de 120 millones de euros que podría perder. Calculan que podría estar lista para septiembre u octubre.

El recurso ante el TSJM se produce apenas un mes después de que Fomento advirtiera a Manuela Carmena de que abriría la vía judicial si no retomaba el proyecto original, rescatado en enero de 2015 y cuyo límite para ejecutarse expira a finales de este año.

Como publicó este periódico, la ministra Ana Pastor envió un requerimiento a la alcaldesa con una acusación similar a la de DCN: desviación de poder y supuesto fraude de ley. «La renuncia unilateral a un convenio, además de atentar contra la buena fe negociar y el principio de los actos propios, es contraria al interés público y juega en perjuicio de terceros», rezaba el escrito. La carta se produjo como última vía, después de dos reuniones fallidas entre el Ayuntamiento, Fomento, el gobierno regional y el BBVA. No se llegó a ningún consenso porque el Gobierno local se negó a ceder con la justificación de que no puede contravenir lo dictado en Pleno.









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