El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a tres particulares a diversas penas de prisión y a indemnizar con 1,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid. El delito: falsedad continuada en documento oficial realizada por un funcionario público en varias parcelas ubicadas en las inmediaciones de la estación de Chamartín. Los condenados son F.J. Buendía, M.A. Iglesias y A.M. Cabello García.
La sentencia declaró la nulidad de diversas células catastrales, escrituras públicas e inscripciones del Registro de la Propiedad, actas de ocupación y pago del Consistorio madrileño. Gracias a las células falsificadas, las parcelas fueron vendidas a Winkel 5 S.A., cuyo objetivo era la promoción y ejecución de negocios inmobiliarios.
Una vez escriturados, los condenados inscribieron los terrenos en el registro de la propiedad en un expediente de expropiación de terrenos a favor del Ayuntamiento de Madrid, por el que obtuvieron 1.850.000 euros, que ahora deben devolver al Consistorio. También percibieron importantes cantidades por el alquiler de vallas publicitarias, situadas en las parcelas, y firmaron contratos de permuta y de venta de algunas de ellas a otras sociedades.
