El Beti Jai, Bien de Interés Cultural

El frontón Beti Jai ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC)  por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que será incluido en la categoría de monumento.  El Beti Jai es un edificio singular, ya que constituye el único frontón que sobrevive de los que 30 que tuvo Madrid en el siglo XIX. La protección de este inmueble se inició hace años, ya que se declaró como protegido en el Plan general de Madrid y, posteriormente, en 1991 se iniciaron los trámites para convertirlo en BIC, que quedaron paralizados.

De este nombramiento se otorga la máxima protección al inmueble y le permite que en el mismo se puedan realizar usos compatibles con la defensa, protección y características que se protegen de ese edificio", ha afirmado.

Su historia
El Frontón Beti Jai (siempre fiesta, en euskera) se levantó en la última década del siglo XIX. Fue inaugurado el 29 de abril de 1894 y estuvo en funcionamiento hasta el año 1919. Con la Guerra Civil sus instalaciones fueron reconvertidas en comisaría y, durante los primeros años de la dictadura franquista, sirvió como lugar de ensayo de bandas musicales vinculadas a la Falange Española. Ya en el siglo pasado, el Beti Jai dejó de funcionar como frontón. Durante la Guerra Civil fue utilizado como comisaría policial y cárcel para, en los primeros años de la dictadura, pasar a ser lugar de ensayo de bandas musicales vinculadas a la Falange.

Desde que los vecinos se quejaron del abandono del frontón, el Ayuntamiento de Madrid dictó una orden de ejecución de medidas de seguridad. Sin embargo, esta orden no fue cumplida por la propiedad, lo que derivó en una ejecución subsidiaria de los trabajos, que después debían de costear los titulares del Beti Jai. Pero los problemas continuaron ya que no se permitió la entrada de los técnicos municipales en el recinto, motivo que llevó a pedir la orden judicialmente. Durante ese espacio de tiempo, la propiedad acabó solicitando la ejecución directa de las obras, una petición que recibió la luz verde del Ayuntamiento a cambio de firmar un documento en el que aparecía el plazo de seis meses para llevarlas a cabo.