El pasado 5 de diciembre la Comunidad de Madrid clausuró de forma cautelar la clínica Instituto CB Medical, ubicada en el número 41 de la calle Zurbano. Al parecer, los inspectores sanitarios detectaron tres irregularidades calificadas de “muy graves”, unidas a la sospecha de que en las instalaciones del centro se practicaban interrupciones de embarazo ilegales, es decir, fuera del plazo permitido por la ley.
En cuanto a las anomalías, la primera que detectaron los inspectores tenía que ver con el ginecólogo y las historias clínicas. Al parecer, el médico que firmaba los partes correspondientes a los abortos practicados -R.T.- no era quien realizaba las intervenciones en realidad. Así lo confirmó el propio R.T., quien negó a los inspectores que hubiera practicado la interrupción de ningún embarazo de bajo riesgo durante el último año en CB Medical. Del mismo modo, tampoco reconoció como suya la firma de los historiales que, para mayor confusión, no se correspondían con ninguna de sus pacientes.
En cuanto al libro de quirófano del centro, R.T. también tachó de falso el dato en el que figuraban varios abortos practicados por él.
Por otra parte, los inspectores de la Comunidad de Madrid comprobaron que el médico que ejercía de psiquiatra no estaba titulado en la materia. Según parece, M.A.I.D. acreditó únicamente un máster en dicha especialidad. Una titulación insuficiente para el desempeño de esta labor. Más aún teniendo en cuenta lo imprescindible que resulta una valoración psicológica a la hora de permitir o no un aborto.
Tras la valoración de los inspectores, fuentes de la Comunidad calificaron el asunto de “grave riesgo para la salud pública”, por lo que se procedió a la suspensión cautelar de la clínica, aunque no en su totalidad. La clausura afecta así sólo a la parte del centro relacionada con la praxis de interrupción del embarazo.
Pese a que la Comunidad negó que esta decisión estuviese relacionada con la supuesta trama de abortos ilegales destapada en Barcelona días antes, múltiples asociaciones pro-vida alzaron la voz. Consideran que existen numerosos casos de irregularidades e ilegalidades en este tipo de clínicas que los trabajadores no se atreven a denunciar. “Temen el fin de un negocio lucrativo que destruye vidas humanas”, asegura el director de la Fundación Vida, Manuel Cruz.
Por su parte, el Defensor del Paciente ha querido insistir sobre la necesidad de que se hagan “más rutinarios y extensos los controles que se realizan a las clínicas privadas”. Asimismo, han solicitado al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, “que se mantengan y se potencien las inspecciones, sean clínicas abortistas o no, y se cree un servicio para gestionar las reclamaciones que llegan desde la privada”.
