La Asamblea del Centro Social Okupado ‘La Morada’ y la Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos han presentado una denuncia contra la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un presunto delito de prevaricación en el desalojo del centro ubicado en los números 5 y 7 de la calle Casarrubuelos de la capital.
En la denuncia se advierte que el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid había dictado un auto en el que «se denegaba la solicitud de desalojo planteada por la propiedad del inmueble». El mismo auto fue recurrido por la propiedad del inmueble y se encuentra hasta la fecha en la Audiencia Provincial de Madrid. En este sentido, las asociaciones sostienen que hubo un «allanamiento ilegal» del inmueble y que se llevó a cabo por guardias de seguridad de la empresa Prosegur, enviados por los mismos propietarios.
Según los denunciantes, cuando la Policía Nacional se personó en el centro, la abogada de los usuarios del edificio okupado entregó
a uno de los agente el documento con la orden del juez «que no autorizaba el desalojo de La Morada». Sin embargo, el mando le respondió que «le daba igual ese papel» e insistieron que «ellos cumplían órdenes de Delegación de Gobierno».
Según informaron en su momento a Europa Press fuentes policiales, se había desalojado previamente a los okupas mediante resolución judicial y las detenciones se produjeron cuando trataron de okupar nuevamente el número 5 de la calle Casarrubuelos por desobedecer dicha resolución.
