Esta mañana, María José del Coto y sus dos hijos han sido desalojados de la vivienda que ocupaban desde hace 25 años en la calle Virgen de LLuc, en el barrio de Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal) a instancias de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que va a recibir 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Tras un primer intento de desahucio que fue frenado por 200 personas el pasado 6 de julio, hoy ha tomado posesión de la casa gracias a un operativo policial que incluía casi dos docenas de furgonetas de la brigada antidisturbios de la Policía Nacional y una dotación de los nuevos antidisturbios de la Policía Local, que han impedido a los centenares de solidarios que han tratado de acercarse al número 140 de la calle Virgen del Lluc bloquear a la comitiva judicial encargada de ejecutar el desalojo.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) condena, en sintonía con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, el abrumador despliegue policial y denuncia que las fuerzas del orden persigan, repriman y hostiguen a las personas más vulnerables. Muestra, asimismo, su rechazo a la actitud de la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid, que ha usado un procedimiento de urgencia para dictar una segunda orden de desahucio y expulsar a María José y sus dos hijos de su única vivienda. En un hecho sin precedentes, la jueza había solicitado “todos los medios necesarios” para llevarlo a cabo.
Los hechos
De esta manera, a las 8h, media hora antes de la acción convocada por la PAH y las asambleas del 15-M de Ciudad Lineal para paralizar el desahucio de esta familia de Pueblo Nuevo, más de 10 furgonetas de antidisturbios han irrumpido ante el domicilio de María José. Decenas de agentes se han lanzado nada más llegar a por las diez personas que en ese momento se encontraban ante el portal, que han resistido abrazadas y en el suelo unos minutos su traslado. Mientras tres solidarios encadenados acompañaban a María José dentro de su vivienda, unas 400 personas se concentraban en tres puntos de acceso a la calle de la vivienda, ante un imponente cordón policial, un operativo que sólo ha generado temor entre los vecinos del barrio. Esta vez, los secretarios judiciales cumplieron su poco digna tarea de echar a una familia sin recursos a calle. Tras el desahucio, María José, además de agradecer a los manifestantes su solidaridad, resumió su situación y la que hoy en día viven miles de familias en España: “No soy una morosa, soy pobre”.
Tras el desahucio, los concentrados se han dirigido hasta la sucursal que le concedió el crédito hipotecario, en la calle José del Hierro, y, después de dejarla llena de pegatinas con la rúbrica “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa” se han trasladado hasta la Junta Municipal de Distrito. Para ello, en una improvisada y ruidosa manifestación, cortaron dos de los carriles de las calles Arturo Soria y Hermanos García Noblejas. En la sede municipal, 132 personas registraron una petición para que el Ayuntamiento de Madrid, como institución más cercana a la familia desahuciada, encuentre una solución habitacional para ésta.
