En junio del año 2006 se hizo pública la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. Una norma que obligaba a instalar contadores de agua individuales en cada vivienda, local o establecimiento en lugar de los contadores comunes ya existentes. Sin embargo, al parecer, este reglamento no se ha tomado tan en serio como debiera.
Aunque el plazo para la instalación expiró el 8 de julio de 2009, todavía hay comunidades que no lo han llevado a cabo, continuando de esta manera con las desigualdades de consumo entre vecinos. Y es que, tal y como denuncian varios madrileños de Parque de las Avenidas: “no es lo mismo el agua que gasta una persona que vive sola, que el de una familia de cinco miembros”.
Precisamente, estos contadores individuales, puestos en marcha por el Canal de Isabel II y respaldados por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, lo que pretenden es equilibrar proporcionalmente el consumo de cada vivienda, para que no ocurran situaciones como las que denuncian estos vecinos. Sin embargo, la instalación de estos contadores parte de un consenso vecinal entre todos los miembros de una comunidad. Y la picaresca es que hay bloques de vecinos que hacen caso omiso de la normativa porque a la mayoría no les conviene, perjudicando así a vecinos de núcleos familiares más reducidos que consumen menos agua, pero que pagan lo mismo que los que consumen más.
Multas y sanciones
Cuando la normativa si hizo vigente, se anunciaron también las multas y sanciones que podían caer en caso de no cumplimiento, y estas rondaban entre los 600 y 30.000 euros. Hoy, casi un año después de que finalizara el plazo de instalación, varios vecinos continúan “pagando más de lo que les corresponde”.
El Canal de Isabel II ofrecía, a todas las comunidades de propietarios interesadas, la realización de un estudio orientativo para determinar las actuaciones o modificaciones que se debían realizar en cada caso, así como un presupuesto aproximado. Además, el Ayuntamiento de Madrid anunció en marzo de 2006 que dedicaría 300.000 euros a subvencionar esta instalación obligatoria, ayudando así a las comunidades más necesitadas. Las ayudas han sido hasta de un 30% del coste total de la obra; sin superar en ningún caso los 3.000 euros por edificio.
Este hecho pone de manifiesto las ayudas y facilidades que los diferentes organismos implicados han ofrecido a los madrileños que todavía tenían contadores comunes en su bloque.
“Quien no lo ha llevado a cabo es porque no ha querido, o no le ha interesado, más bien” añade una de las vecinas de la Avenida de Donostiarra que asegura estar pagando el triple de lo que consume. Se precisa entonces, una cierta rigidez en el cumplimiento de la normativa vigente, para evitar abusos y desigualdades entre los vecinos de una misma comunidad, donde lo que debería reinar es la justicia para una mejor convivencia.
