La Comunidad de Madrid ha entregado las llaves de 80 viviendas protegidas a familias que han perdido su hogar por no poder hacer frente a los pagos hipotecarios o de alquiler. Se trata de viviendas adjudicadas por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) a las personas que se encuentran en situación precaria y riesgo de exclusión social.
Madrid ha sido la primera región española en tomar medidas para paliar las consecuencias de los desahucios. Las familias tendrán que pagar un alquiler que oscila entre los 64 y 100 euros, siendo esta última cantidad la renta más cara. Además, los casos de familias numerosas y pensionistas gozarán de la aplicación de deducciones. La variación en el alquiler depende del tamaño de las viviendas.
Aparte de esta medida, el Gobierno autonómico ha renegociado el alquiler a más de 5.000 familias con problemas, siendo reducido, en muchos casos, hasta los 40 euros al mes.
El perfil de las familias solicitantes de una vivienda pública en Madrid ha variado en estos últimos años.Se trata de ciudadanos, en su mayoría españoles, que han pertenecido a la clase media pero que al perder su empleo y, por tanto, sus ingresos no han podido salir a adelante y su casa ha sido embargada. El IRIS tiene en cuenta para la adjudicación de viviendas, entre otros factores, las circunstancias económicas del solicitante, las discapacidades de los miembros de la familia, sus responsabilidades familiares, el ser víctima de violencia de género o la antigüedad de la solicitud.
Los pisos adjudicados se distribuyen por toda la Comunidad de Madrid y se han repartido según las circunstancias de cada unidad familiar. Dichas viviendas cuentan con superficies de hasta 90 metros cuadrados y tienen de 2 a 4 dormitorios.
