inicio
 Líder en Prensa local de Madrid |  Sábado, 24 de febrero de 2018
Recordarme   Entrar
    Lo olvidé   |   Registrarse
26/02/2015 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
Votar:  
Resultado: 0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos   0 votos
Archivan una vez más el caso de espionaje político en Madrid
Como había pedido la Fiscalía, lo que supone el tercer archivo de este caso desde su inicio

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha decretado el sobreseimiento provisional del caso del presunto espionaje político en Madrid, como le había pedido la Fiscalía, lo que supone el tercer archivo de este caso desde su inicio.

En el auto la magistrada entiende que no se han concretado los "indicios iniciales" de presuntos delitos de malversación y ánimo de lucro supuestamente cometidos por cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid acusados de emplear teléfonos y vehículos para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros.
La misma juez decidió el pasado mes de octubre abrir juicio oral en el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid por un delito de malversación contra los presuntos responsables de los seguimientos realizados al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada en mayo de 2008.

En esta ocasión, la juez explica que tiene "muy en cuenta" las dos resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial en las que se revocaba el sobreseimiento de la causa al entender que la instrucción no estaba terminada y eran necesarias más pruebas para la determinación de los hechos y los autores.

La magistrada señala que las pruebas ordenadas se han llevado a cabo "con resultado poco satisfactorio" y que, por ejemplo, en la última practicada, la testigo, pudiéndose acoger a su derecho a no declarar contra el que fue su marido, así lo hizo, "y no aportó nada a la causa".

En este punto, señala que la única prueba "consistente" respecto a los seguimientos son las hojas mecanografiados en su totalidad a excepción de breves notas, fundamentalmente, números de coches escritas a mano en éstas, y que de las pruebas periciales llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil se deduce que las palabras escritas a mano pertenecen al exfuncionario de la antigua Consejería de Interior e imputado José Manuel Pinto.

De este modo, rechaza que pertenezca al exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Miguel Castaño, al que Pinto "de forma sorpresiva y después de tres años de haber prestado declaración imputa con su única palabra como prueba". En este punto, destaca que las pruebas "no han tenido resultado eficaz".

En cuanto a los seguimientos de los teléfonos móviles, destaca la "dificultad para ubicar a alguno de los imputados en las zonas donde, según las notas, se encontraban haciendo los seguimientos, generando una duda muy razonable sobre la fiabilidad de los posicionamientos".

Sobre si ha existido delito de malversación, la juez apunta que para que exista tal "debe haber un beneficio" que no tiene por qué ser económico, y que, en este caso, de toda la documentación que consta en la causa, le es "imposible determinar, con un mínimo de base, una cantidad concreta que haya sido desviada de su función pública".

Para la instructora, "cualquier tipo de beneficio propio o de un tercero carecería de base probatoria, al no existir en la instrucción dato que la sostenga". Lo mismo ocurre, añade, a la hora de fijar cualquier cantidad presuntamente malversada.

En conclusión, considera que no se han concretado, a pesar de la prueba practicada, los indicios iniciales que la Audiencia Provincial de Madrid puso de manifiesto, principalmente respecto al ánimo de lucro y la determinación del montante económico malversado; y que no existen indicios de delito suficientes, "como claramente pone de manifiesto el Ministerio Fiscal.

Este procedimiento, que ya se ha archivado en otras dos ocasiones, arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo el 29 de febrero de 2009.

Quienes fueran los dos hombres fuertes del equipo de Esperanza Aguirre implicados en el escándalo de la presunta trama de espionaje ne la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, comparecieron juntos ante la Justicia en 2009 para negar tajantemente los hechos. "El Gobierno de la Comunidad niega con absoluta rotundidad que haya llevado a cabo encargos de espionaje, seguimiento o informes sobre nadie". Así de contundente mostró el exconsejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados ahora en prisión por delitos de corrupción.

La entonces 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.

 









Enviar
Normas de uso
- Esta es la opinión de los usuarios, no de El Distrito.

- Los comentarios contrarios a las leyes españolas, injuriantes o difamatorios serán eliminados, así como aquellos que consideremos que estén fuera del tema o contengan publicidad.

- "Aviso al moderador". Si considera que algún comentario incumple la normativa, le agradecemos nos lo comunique por esta opción para nuestra valoración.
© Gestor de contenidos Gestor de contenidos HagaClic