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09/05/2017 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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CCOO amenaza con tomar acciones legales si no se retira la prueba de 3º de Primaria
CCOO ya denunció el pasado 26 de abril que se estaba evitando publicar la Resolución relativa a las pruebas externas de la LOMCE para eludir la contestación por parte de la comunidad educativa. 

Los motivos en los que se basa el recurso y se pide la nulidad total y suspensión de las pruebas se basan en imposibilidad material de cumplir los plazos y trámites que la propia resolución establece; así como la ausencia de garantías en las comunicaciones y notificaciones a través de una índole de plataforma que no está previamente establecida ni regulada, ni cumple con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la organización defiende que existe la obligación de cumplir con órdenes y realizar actuaciones que no estaban establecidas ni reguladas la semana anterior, de lo cual ya se advirtió al Consejero mediante nota de prensa de 26 de abril. También existe la obligación a los centros de correr con los gastos de impresión y fotocopias de los exámenes, lo cual es especialmente grave para los centros públicos, pues la Consejería no les transfiere las cantidades para gastos de funcionamiento, lo que ocasiona que estén en números rojos. “Y esto, mientras a la empresa a la que se ha adjudicado la organización de las pruebas se le abonan más de 330.000 euros”.

Igualmente, desde el sindicato denuncian que la prueba supone la realización de un trabajo extra al profesorado, que obligatoriamente corregirá las pruebas sin contraprestación dineraria ni de ningún tipo.

Por todas estas razones, CCOO reclama la paralización inmediata de estas pruebas y llama a la Administración a cumplir el Principio constitucional de Legalidad por el que ha de regirse la actividad gubernativa y educativa, “y a respetar la dignidad profesional y los legítimos derechos del profesorado, del alumnado y de las familias”. El sindicato anuncia acciones legales de no rectificarse el atropello, así como la defensa jurídica a todos aquellos profesionales cuyos derechos sean vulnerados.

 









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