Para la secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, el texto de 29 páginas, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), es «electoralista e ineficaz». Según Galvín, el decreto «no recoge medidas preventivas y que resuelvan los conflictos, ni siquiera los más leves, en sus primeras fases. No hay alternativas a la vía punitiva o de castigo».
Además, «no aborda la necesidad de bajar ratios, regular los centros de difícil desempeño o, simplemente, dotar de recursos a los centros», con figuras específicas como el segundo orientador, la generalización del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) o ampliar la plantilla de Inspección. «Se da la espalda a las necesidades de equipos docentes y directivos y no da respuesta a las realidades del alumnado. Está fuera de toda lógica y responde a un imaginario más propio de espacios cuartelarios», añade Galvín.
Asimismo, «deja en manos exclusivas del director» el uso de medidas preventivas como la mediación, y supone una «una sobrecarga de trabajo» para el profesorado implicado en la Comisión de Convivencia del centro, prevista en el decreto, «sin contraprestación alguna». Se trata de «una oportunidad perdida para impulsar la provisión de medios materiales y humanos que favorezcan un adecuado clima», dada la «obsesión por las normas a lo largo de todo el texto», según el sindicato.
«Se reduce toda la convivencia a disciplina y a evitar situaciones de violencia producidas por el alumnado, pero hay otras violencias que se callan, por ejemplo la que pudiera ejercer el profesorado en forma de maltrato o discriminación», agrega CCOO. «Se ancla en la Ley de autoridad del profesor de Esperanza Aguirre», en la que el profesorado estaba investido de autoridad por el hecho de ser funcionario, y en anteriores decretos como el de 2007, que «han fracasado», según Galvín.
En materia de género, no desarrolla el mandato del artículo 126 de la LOE, según el cual «una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres». CCOO critica la expulsión de alumnos hasta diez días por faltas graves, al implicar «pérdida del derecho a la evaluación continua», así como su expulsión de actividades complementarias ya que «las sanciones deben ser inclusivas» y no reforzar la separación del grupo.
«No se recoge lo que ya hacen los centros madrileños situándose muy por delante de esta norma. Tampoco las experiencias de éxito» de países de la UE, para convivir «desde la interiorización de valores democráticos que se canalizan a través de la conducta», de la inteligencia emocional y las habilidades sociales, continúa. «No puede haber un plan de convivencia si no va acompañado de un plan de éxito escolar, y ni siquiera se menciona», según CCOO que pide «actividades de formación para las familias».
«Este decreto saca a Madrid del futuro y propone que se aprenda a no ser sancionado y a obedecer. El legislador no confía en el profesorado, ni en los jóvenes, ni en los equipos directivos, ni en las familias», opina. Para CCOO, el Gobierno «está promulgando en estas últimas semanas una pléyade de decretos» para blindar su política educativa «cada vez más radicalizada: decreto de conciertos, decreto de FP, Orden de «concierto encubierto» en bachillerato y primer ciclo de Infantil, y decreto de Inspección (que se publicará en breve), concluye.
