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27/04/2017 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Colectivos vecinales, sociales y políticos se querellan contra Aguirre
Junto a ésta, les atribuyen hasta 13 delitos, que van desde organización criminal a malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública.

Representantes de diversos colectivos sociales y vecinales, la FRAVM entre ellos, dieron cuenta a las puertas de la sede del Canal de Isabel II en Madrid de una querella criminal que han presentado en la Audiencia Nacional contra 13 políticos del PP, ex altos cargos del Gobierno regional y empresarios relacionados con la Operación Lezo. Según los colectivos ciudadanos, estas personas, entre las que se encuentran la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el exministro, Eduardo Zaplana, podrían haber incurrido en hasta 13 delitos, que van desde organización criminal hasta "falsedad y apropiación indebida de fondos electorales", pasando por cohecho, malversación de caudales públicos y recepción y blanqueo de capitales.

Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Los Verdes, Equo, Paz Con Dignidad-OMAL, ATTAC, Anticapitalistas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y el Colectivo Corazón Verde Chamberí se encuentran detrás de una querella que también se dirige contra los principales imputados del caso del Canal: los hermanos González; el expresidente de INASSA, Edmundo Fernández; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez; el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel; así como el exconsejero delegado de OHL, Javier López Madrid; el presidente de esta empresa, Juan Manuel Villar Mir; los dos extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y, por último, el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals. 

La denuncia también se establece contra el Partido Popular como persona jurídica, ya que "paralelamente esta organización criminal se lucraba con el beneficio personal de sus miembros, se iba nutriendo de dinero opaco las financias del Partido Popular, tanto el de Madrid como el nacional". Por ejemplo, la querella pide que se investigue el desvío de fondos públicos desde la agencia de informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos electorales del PP -566.497,58 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013-.

En la comparecencia de prensa, el coordinador general de IU, Alberto Garzón, destacó que "hay indicios técnicos suficientes como para imputar a Esperanza Aguirre", indicios que parten del "grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta", Ignacio González. Según puede leerse en la querella colectiva, la expresidenta resulta "una pieza clave" en la investigación, ya que aunque "no puede atribuírsele conducta alguna con carácter activo", resulta evidente "su comisión por omisión en la mayoría de las conductas delictivas”, dado el "perfecto conocimiento que debía de tener de las mismas".

Tras el portavoz de IU, Santiago Barajas, de Ecologistas en Acción, Liliana Pineda, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y Enrique Villalobos, presidente de la FRAVMrecordaron el importante papel jugado en los años precedentes por la ciudadanía para impedir la privatización de la empresa pública. "No había razón técnica para la privatización. Se daba un buen servicio y era rentable", ha sostenido Barajas a las puertas de la sede del Canal. En la misma línea, Pineda recordó que mañana (por hoy] Podemos y PSOE, a instancias de la plataforma, presentarán en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para revertir la privatización de la empresa y que la compañía vuelva a ser 100% pública. Lo harán a las 11:00 y para ello han convocado a los medios de comunicación.

 

Quique Villalobos, por su parte, subrayó que en 2012, "unas 170.000 salieron a la calle para votar contra la privatización del Canal en una consulta popular, para defender el carácter público de la empresa, y ya desde entonces, con la Plataforma contra la Privatización, alertábamos contra las nefastas consecuencias de esa privatización". "En los años siguientes denunciamos una y otra vez la opacidad en la gestión del Canal, y ahora esperamos que todos los responsables del expolio que estamos conocimiento en estos días paguen con la cárcel o con las penas que los jueces decidan", continuó, antes de remachar: "no vamos a consentir que ningún gobierno ni partido continúe expoliando los bienes públicos".

 

 









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