La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este año una nueva campaña de inspección de instalaciones eléctricas en piscinas, cuyo fin es comprobar el estado de seguridad de las mismas y, así, prevenir accidentes a los usuarios.
En el transcurso de la inspección se revisan todas las instalaciones eléctricas incidiendo, sobre todo, en aquellos puntos que más afectan a la seguridad de los usuarios y del personal de mantenimiento tales como la depuradora, los vestuarios, el vaso de piscina y las zonas adyacentes.
Cada año se realizan cerca de 100 inspecciones en instalaciones eléctricas de este tipo y los defectos más comunes detectados son: la falta de aislamiento en los cuadros eléctricos y sus conexiones, problemas en las protecciones diferenciales, enchufes o interruptores no estancos en depuradoras y vestuarios o defectos en las canalizaciones de superficie.
Asimismo los inspectores constatan que la mayoría de los defectos se deben no tanto a desperfectos de diseño y construcción sino, fundamentalmente, a un deficiente mantenimiento de las instalaciones.
Medidas de protección
En cuanto a las recomendaciones a tener en cuenta para evitar accidentes con el sistema eléctrico de las piscinas, es fundamental que se extremen las medidas de protección para evitar contactos directos con los aparatos.
Así, en zonas de depuradoras, duchas y vestuarios las luminarias deben estar provistas de tapas y los mecanismos (enchufes e interruptores) deben ser estancos; la instalación debe disponer de un sistema de toma de tierra adecuado y los equipos han de mantenerse fuera del alcance de los bañistas.
Además, es necesario que las zonas de ducha y vestuarios dispongan de aparatos de emergencia y señalización y que se mantengan en correcto funcionamiento tanto los interruptores magnetotérmicos como los diferenciales.
Es importante recordar que las instalaciones eléctricas de piscinas con potencia instalada superior a 10 kW deben ser inspeccionadas por un Organismo de Control Autorizado cada cinco años, mientras que las de potencia instalada superior a 10 kW deben contar, además, con un contrato de mantenimiento.
En la región hay unas 4.200 piscinas en funcionamiento de las que 150 son públicas. Con este escenario la campaña que dirige la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas se lleva a cabo en toda la Comunidad, con especial hincapié en aquellas piscinas de uso público. Hay que tener en cuenta que la Administración regional hace estas revisiones para evitar que se incumplan las normas legales, si bien el responsable del estado de las instalaciones es siempre el titular de las mismas.
