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La Comunidad instala desfibriladores en las principales sedes judiciales de Madrid

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La Comunidad está instalando desfibriladores cardiacos en las principales sedes judiciales de Madrid dentro de su política de prevención de riesgos laborales y fomento de un entorno saludable para el trabajador. Los más de 4.000 empleados públicos y las 18.500 personas que cada día transita por estas sedes judiciales se beneficiarán de la implantación de estos desfibriladores. 

Durante este mes de marzo se instalarán en los juzgados de Plaza de Castilla, en los Juzgados de Primera Instancia en Capitán Haya, 66; en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Manuel Tovar,6; en los juzgados de lo Social de la calle Princesa 3 y 5; en los juzgados de lo Penal en Julián Camarillo, 11; en el Registro Civil único situado en la calle Pradillo, 66 y en la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela,96.

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, acompañado de la presidenta en funciones de la Audiencia Provincial, Ana Maria Ferrer, ha comprado el funcionamiento del desfibrilador instalado en esta sede y ha participado en el curso de formación que se imparte a los trabajadores para su correcto su uso y manejo.

Los desfibriladores que estarán instalados en las zonas de mayor tránsito en estas sedes judiciales, son equipos de última generación, semiautomáticos, con capacidad para adaptar la energía, la duración de la descarga y el voltaje de salida y, lo más importante, operan con un sencillo mecanismo de tres pasos que permiten dar respuesta a la mayoría de los paros cardiacos que puedan presentarse.

Esta iniciativa forma parte del conjunto de medidas puestas en marcha por la Comunidad para impulsar un nuevo concepto de prevención entre los trabajadores de la región basado en la difusión e implantación de unos hábitos de vida más saludables encaminados a la prevención de riesgos laborales. “El Gobierno regional considera a los trabajadores de la administración uno de los principales y más importantes elementos para garantizar el buen funcionamiento y el mejor servicio al ciudadano”, ha explicado Victoria.

En 2013, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad realizó 1.000 reconocimientos médicos, una cifra que este año se elevará hasta los 13.000 después de que el Gobierno regional haya decidido extender este servicio a los 35.000 empleados de servicios generales de la administración regional. Hasta la fecha la prioridad eran aquellos trabajadores cuyos riesgos laborales exigían un seguimiento periódico de su estado de salud como embarazadas, empleados con capacidad funcional limitada, aquellos expuestos a riesgos biológicos o mayores de 65 años.

 

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