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28/12/2010 - Sara Morales Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Imagen del municipio de Loeches.
Condenado por urbanizar sin autorización
Ecologistas en Acción está personado como acusación particular por estos hechos, que se refieren a una serie de construcciones realizadas por una empresa, en suelo no urbanizable.

En el año 2007 finalizaron las obras de varias construcciones en el término municipal de Loeches, en la finca “La Fontadela”; terreno clasificado como No Urbanizable Especialmente protegido por su carácter Forestal. Las obras se realizaron sin autorización y, según Ecologistas en Acción: " causando un importante daño en la finca en la que existen especies protegidas catalogadas como en peligro de extinción, entre otros el Búho Real".

Las construcciones realizadas consistieron en: una edificación para vivienda de dos alturas de aproximadamente 1.500 metros cuadrados; instalaciones de carácter deportivo (campo de fútbol, campo de minigolf, dos pistas de paddel y una pista de baloncesto); una instalación móvil fijada al suelo mediante solera de hormigón; y la apertura de un camino.

Según fuentes de Ecologistas en Acción, el responsable de las obras es Ángel Barral Corral, que actuó en nombre de la entidad Hermanos Barral SL. Esta empresa desarrolla actividades de venta de vehículos de alta gama, medios de comunicación local, inmobiliarias construcción-promoción. Todo ello, en la zona del corredor del Henares, especialmente en Coslada.

Los hechos fueron denunciados inicialmente por los Agentes Forestales de la comarca y siguiéndose mediante Diligencias Previas en los juzgados instrucción de Arganda del Rey, que han culminado en la apertura de juicio oral. Ecologistas en Acción se personó como acusación particular en el procedimiento. Los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal).

El Ministerio Fiscal solicita una condena de dos años de prisión y Ecologistas en Acción, actuando como acusación particular, solicita dos años y cuatro meses de prisión. Ambos piden la imposición de una multa de veintiocho meses con cuota de 50 euros día e inhabilitación especial por tiempo de cuatro meses para profesión, oficio, industria o comercio respecto de actividades relacionadas con la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente. Además de la demolición de todas las edificaciones, y la reparación del daño causado, dejando las parcelas como se encontraban antes de las construcciones. Además se pide la imposición de una fianza cautelar para el acusado de 50.000 euros, para cubrir las responsabilidades penales, civiles y de reparación del daño causado, a las que hubiera lugar mencionadas anteriormente.

 









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