Dichos docentes son el catedrático Enrique Álvarez Conde (tutor del Trabajo de Fin de Máster) y las docentes Clara Souto (profesora del máster) y Cecilia Rosado (directora del máster en Derecho Público del Estado Autonómico). Asimismo, la funcionaria que entró en el sistema interno para cambiar las calificaciones de la regente autonómica, Amalia Colange, tampoco declaró en el marco de la investigación.
Desde la CRUE han indicado que la investigación se ha visto interrumpida debido a que el polémico máster ha acabado en manos de la Fiscalía, que determinará si hubo delito en las “graves irregularidades” de las que advierte el órgano universitario. El informe elaborado por éste aclara que la URJC cumplió con todas las garantías de procedimiento a la hora de desplegar esa investigación. Uno de los observadores externos, José Ángel Contreras (director de Inspección de la Universidad de Burgos), ha explicado que entre la documentación estudiada no obra el acta del TFM de Cifuentes, presuntamente falsificada.
El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, ha trasladado en nombre de la entidad «todo su apoyo al rector de la URJC para llegar hasta las últimas consecuencias una vez finalizada la tarea de la Justicia, consiguiendo de este modo mantener el buen nombre de su universidad y de todo el sistema universitario español ganado durante muchos años de trabajo honrado e eficaz de miles de universitarios». Asimismo, Fernández ha afirmado que “si un político dice que tiene un máster y no lo tiene, es motivo de dimisión del cargo».
