La Comunidad entregó en los primeros siete meses de 2013 un total de 457 viviendas públicas destinadas a familias que se encuentran en una situación de especial necesidad y en riesgo de exclusión social, lo que representa una media de 65 viviendas al mes.
Según ha explicado el viceconsejero, el perfil de las familias que hasta ahora demandaban una vivienda del cupo de especial necesidad ha sufrido un cambio importante como consecuencia de la crisis. “Nos encontramos con personas que han perdido sus empleos y que han reducido drásticamente sus ingresos familiares. Algunas han llegado a perder sus pisos como consecuencia de un desahucio o pagan alquileres muy por encima de sus posibilidades”.
Además, entre los adjudicatarios se encuentran también familias que por sus circunstancias personales y sociales presentan graves situaciones de vulnerabilidad, como mujeres que han sufrido violencia de género, familias monoparentales con una situación económica precaria, o personas mayores, con problemas de salud o que sufren alguna discapacidad.
La adjudicación de estos pisos se enmarca entre las iniciativas que la Comunidad está desarrollando para solucionar el problema de acceso a la vivienda que afecta cada vez a más colectivos, se tiene en cuenta las necesidades concretas de cada persona o familia. Así, el Gobierno regional, a través del IVIMA, lleva apoyando de forma especial a estas familias desde el año pasado cuando se creó un cupo especial denominado Impulso Familiar, dentro de la adjudicación de viviendas por baremo.
Carabante ha recordado que el IVIMA ha reducido la renta a 5.000 familias inquilinas de viviendas públicas que, teniendo la voluntad de hacer frente a los pagos, no pueden asumir el coste en estos momentos. Para estas familias se ha establecido un alquiler medio de 50 euros mensuales, en condiciones similares a las más de 2.000 familias inquilinas del IRIS.
Igualmente, “la Comunidad está trabajando junto con las entidades sociales sin ánimo de lucro, que trabajan a pie de calle, con las familias más desfavorecidas y conociendo la realidad mucho más de cerca, que nos ayudan a detectar aquellas familias que están en riesgo de exclusión social, que hayan perdido su trabajo y estén a punto de perder su vivienda habitual”, ha explicado el viceconsejero. En este marco de colaboración se incluye el convenio con Cáritas por el que se le ceden 1.000 viviendas para alojar a familias en situación de necesidad.
