Alegría que abre una nueva ventana a la esperanza de las casi 3.000 familias afectadas, que desde hace más de cuatro años pelean para que se revierta la operación y se restituyan sus derechos como moradores de vivienda protegida. “Un hecho que sería posible hoy mismo si tuviera voluntad para ello el actual Gobierno regional, presidido por el popular Ángel Garrido y sostenido por Ciudadanos”, apostillan desde la federación de asociaciones. “La justicia, una vez más, a pesar de su lentitud, nos ha dado la razón, y por eso estamos muy satisfechos, pero tiene que haber una solución real cuanto antes, por lo que pedimos a la Comunidad de Madrid que no recurra la sentencia y atienda de una vez por todas las necesidades de las familias afectadas”, indica AVVI.
El Gobierno autonómico y Azora Gestión, que son las entidades demandadas, disponen de 15 días para recurrir el fallo del juzgado n.º 29, que resuelve una demanda de una vecina afectada residente en una promoción de Navalcarnero. La asociación de damnificados recuerda el papel que han tenido hasta la fecha PP y Ciudadanos, demandándoles una rectificación: “Ustedes que en la Asamblea de Madrid nos dieron la espalda, ahora que los tribunales han fallado a nuestro favor, ¿qué van a hacer? En sus manos está poner fin al sufrimiento de nuestras familias, que dura ya casi cinco años”.
En todo este tiempo muchas familias afectadas se han visto obligadas a dejar aquellos pisos públicos que en su día recibieron, ante la “degradación de sus promociones motivada por el deliberado abandono de la empresa gestora (Encasa Cibeles)” o al perder las ayudas al alquiler para moradores de vivienda pública. Sin embargo, la mayoría sigue resistiendo en sus casas a pesar de las presiones que han recibido del fondo de inversión para que las abandonen.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 29 es demoledora, ya que declara “totalmente nula” la resolución del IVIMA por la que acuerda adjudicar a Azora Gestión el contrato de enajenación de 32 promociones por el precio de 201 millones de euros. La Comunidad de Madrid se desprendió de esas promociones alegando que no eran “necesarias”, sin justificar “la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas, que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna, bien en régimen de alquiler, bien en ese mismo régimen con opción a compra, que se hallaban ocupadas en un 80%”.
Otro de los argumentos que emplea el magistrado del tribunal para justificar su fallo tiene que ver con el propio procedimiento de aprobación de la operación, pues a pesar del enorme volumen de inmuebles que se iban a enajenar, lo “que supone una alteración de todo un programa de actuación”, no existe una autorización previa del Consejo de Administración del IVIMA, que tenía la “competencia exclusiva” en esta matera.
En el plano judicial, “recordemos que aún permanecen abiertos un proceso penal y otros cuatro procesos contencioso administrativos. La causa penal, que se encuentra el Tribunal de Instrucción número 48 de Madrid, precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado”, señalan desde la FRAVM.
