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14/09/2017 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Ruiz-Gallardón es imputado en el caso Lezo
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de noviembre imputar al expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II: Inassa.

Dos fiscales interpretan que el también exalcalde de la capital, y “su gente”, controló la operación que supuso el desfalco de 70 millones de euros. Es por ello que reclamaron que Ruíz-Gallardón adquiriese la condición de investigado, así como todos aquellos miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que adoptaron el acuerdo por el que se autorizó la compra. A falta de dos meses de cumplir el año desde que se requirió la condición de investigado, hoy, jueves 14 de septiembre, el que fuera ministro de Justicia, ha sido imputado por malversación, prevaricación o fraude en la contratación, entre otros. 

Además del órgano autonómico, se exigió la imputación del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y las empresas públicas, Canal Extensia SA, partícipes en el procedimiento investigado. Las fiscales detallan que en el mismo se dio luz verde al endeudamiento de 51,1 millones de euros en la compra de Inassa -por 83 millones de euros-, una cuantía muy superior al valor de la propia entidad. Así, las demandantes de la imputación señalan como artífice de la operación a Ruíz-Gallardón, mientras que Ignacio González estaba al tanto de lo sucedido. 

"Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez -mano derecha de González en el Canal- tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos", señala la petición, que indica que "ambos, presuntamente, han participado de una organización corrupta y por ello, han dado cobertura a esta operación y se han beneficiado de la misma a través de la actividad de Inassa en Sudamérica".

Para llegar a dicha conclusión, las fiscales recogen conversaciones captadas a Edmundo Rodríguez e Ignacio González. En una de ellas Rodríguez habla del "robo de 25 millones al Canal de Isabel II en una inversión de 95 millones de dólares", datos que desde Fiscalía consideran que "encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de Inassa por parte de Canal Extensia". En otra de las conversaciones captadas durante la investigación, la Fiscalía asegura que Ignacio González "acredita que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad"; así como el "alto grado de conocimiento que él mismo tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma".

Se trata de una conversación entre el propio González, Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot en la que González asegura que Ruiz-Gallardón y "su gente" compraron una sociedad "que no valía ni 30 millones de dólares por 100":

“Alberto hizo una operación de que, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", expone González, que hace referencia a que la adquisición de Inassa se hizo mediante una sociedad panameña.

Las conversaciones vendrían a corroborar que tanto González como Edmundo Rodríguez tuvieron "conocimiento total de la operación fraudulenta, que ocultaron". Además, sostienen que "concurren indicios suficientes como para considerar que se trató de una decisión de 'arriba hacia abajo'", es decir que "presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II, Canal Extensia y los administradores de Inassa".




 









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