En la que ha sido su cuarta y última declaración ante el juez de Púnica, Manuel García Castellón, Granados ha seguido la línea trazada en sus últimas comparecencias, si bien esta vez no ha entrado en profundidad en la presunta financiación irregular del partido regional en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011.
Ha apuntado a Aguirre y González como las personas con más poder en el PP madrileño y ha incidido sobre todo en éste último, quien, según él, era el único que no tenía que consultar a la entonces presidenta para tomar cualquier decisión, según han informado fuentes presentes en la declaración.
También ha situado a la expresidenta Cristina Cifuentes dentro de esa estructura de poder y ha precisado que en 2007 ostentaba uno de los cargos más importantes dentro del partido, el de responsable de Política territorial. Ha explicado que era ella quien configuraba las listas electorales, si bien no ha dicho que decidiese sobre ningún asunto relativo al pago de contratos.
Tampoco ha dado detalles sobre esa supuesta estructura paralela de financiación del partido para las elecciones de 2007 y 2011, que desveló en una de sus comparecencias, aunque ha señalado que él vio que se tomaban decisiones que no habían pasado por las reuniones del comité del partido, pero que no preguntó.
Granados, que estuvo 2 años y medio en prisión por este caso, señaló al juez la existencia de una especie de caja b dentro del partido con la que se pagaron gastos de «refuerzo» de la campaña de Esperanza Aguirre con fondos de la Comunidad de Madrid, que comenzó dirigiendo Ignacio González y que conocía Cristina Cifuentes.
El que fuera secretario general del PP también ha negado haber dado instrucciones cuando estaba al frente de la alcaldía de Valdemoro (1999-2003) para que se contratase a Waiter Music -empresa dedicada a la organización de eventos y directamente relacionada con la red de corrupción- ni tampoco el que fuese su asesor de prensa Edelmiro Galván, quien no tenía capacidad de decisión en ese ámbito.
Apenas una hora ha durado la declaración de Granados ante el juez de la Audiencia Nacional, en la que ha contestado a algunas defensas y acusaciones, a excepción de la Comunidad de Madrid, que no ha formulado ninguna pregunta. La única documentación que ha aportado en sus cuatro comparecencias han sido unas facturas halladas en su casa de cuando Justicia la presidía su predecesor Alfredo Prada (2003-2008), que, según él, podrían ser falsas y habrían servido para pagar gastos electorales del PP madrileño.
