El Ayuntamiento de la localidad de Villalbilla ha reconocido, mediante un comunicado oficial dirigido a sus vecinos, la existencia de una factura por valor de 6.000 euros correspondiente a una línea de teléfono móvil contratada por el consistorio.
Desde el gobierno municipal, formado por concejales del Partido Popular y dos concejales expulsados del PSOE y declarados tránsfugas por la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguista, se desconoce quién es el usuario de ese teléfono, pero sí se detalla que los 6.000 euros se deben a un "uso abusivo e indecente" por conectarse a "páginas web pornográficas, llamadas a piropos pornográficos y otros usos".
Desde el equipo de gobierno de Villalbilla se escudan en que ese teléfono móvil fue contratado en 2006 por un concejal de la Plataforma Municipal Independiente (PIM), entonces en el gobierno y ahora en la oposición, a pesar de que la factura que asciende a 6.112,24 euros corresponde al año 2010.
En el comunicado distribuido por el Ayuntamiento, se asegura que ya se ha procedido a dar de baja la línea telefónica que realizó esas llamadas y reclaman que si el concejal de la PIM que contrató la línea en 2006 "no ha sido el usuario del teléfono, le corresponde a él la carga de la prueba de identificar a la persona a la que hizo entrega del teléfono".
Y es que desde el consistorio vubillero se admite en ese comunicado que no saben quién es "el personaje que ha hecho un uso indebido" de esa línea telefónica que paga el Ayuntamiento y el equipo de gobierno anuncia que ya ha denunciado ante el juzgado la facturación abusiva "con la finalidad de que se averigüe quién es el personaje" responsable de las llamadas a través del "teléfono caliente", como se describe incluso en el comunicado municipal, "y que responda penal y civilmente".
