El 26 de julio, el Gobierno aprobó la denominada ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El texto ha concitado una amplia oposición no solo de la oposición y del movimiento ciudadano, sino entre sus propias filas: decenas de alcaldes del PP participaron el 13 de octubre en un encuentro celebrado en Madrid para poner de manifiesto su oposición a una proyecto que, en palabras del vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) constituye el "mayor ataque al municipalismo que se ha hecho en la historia de este país". Además, el informe del Consejo de Estado aprobado por unanimidad alertaba sobre la posible inconstitucionalidad del vaciamiento de competencias de los ayuntamientos y de su traslado a entidades de representación indirecta como las Diputaciones Provinciales. El Consejo recuerda que las competencias de las Diputaciones son "funcionales", de asistencia a los municipios, y no "materiales", como las de los Ayuntamientos, que gestionan "intereses y asuntos que afectan al conjunto de la población".
El movimiento vecinal, que luchó en las calles para conquistar unos ayuntamientos democráticos, se opone de forma frontal a una reforma que supone un ataque frontal al municipalismo y a los derechos de ciudadanía, toda vez que los ayuntamientos prestan servicios de vital importancia para garantizar la cohesión social (educación infantil, atención a mayores y a personas migrantes…).
Recuerda que en 2012 los ayuntamientos invirtieron más de 3.500 millones de euros en prestaciones que deberían asumir las autonomías. A pesar de ese enorme esfuerzo económico, la deuda de la administración local, incluidas las diputaciones provinciales apenas alcanza el 4% del PIB, frente al 88% del resto de administraciones. La sostenibilidad económica no justifica, por tanto, la reforma local que quiere llevar a cabo el Gobierno.
Por todo ello y, a iniciativa de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), las asociaciones vecinales han convocado concentraciones en ayuntamientos de capitales de provincia y ciudades de Madrid, Extremadura (Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena), Castilla La Mancha (Toledo), Castilla León (Valladolid, Miranda de Ebro), Asturias (Mieres), Canarias, Galicia (A Coruña), Comunidad Valenciana (Elche) y Aragón (Zaragoza), una campaña a la que se han adherido la Cumbre Social, que representa a 160 organizaciones sindicales, profesionales, sociales y culturales, la Federación de Servicios Públicos UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
En Madrid los asistentes, convocados por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), portarán letras para formar el lema “Por la democracia local y los derechos sociales”.
