La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa que investiga el supuesto espionaje a altos cargos en la Comunidad de Madrid, una actuación que supondría la tercera reapertura de este caso desde que se conocieron los hechos en mayo de 2009. Se trata de un auto de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid en el que se estima el recurso de apelación que la socialista Maru Menéndez presentó contra el auto de 23 de febrero de la juez Carmen Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa al entender que no había indicios de delito.
Ahora la Audiencia deja "sin efecto el sobreseimiento decretado" y acuerda en su lugar "la continuación del procedimiento por los trámites legalmente previsto" al tiempo que destaca que contra la resolución "no cabe recurso". El auto precisa que "la decisión de continuar no afecta a la presunción de inocencia de los imputados", que "se mantiene incólume dada la fase procesal" en la que "únicamente se hace un pronunciamiento provisional en términos de indicios".
Recurso de apelación
La Audiencia explica que en el recurso de apelación debe prosperar porque la resolución impugnada defiende el sobreseimiento provisional de la causa porque "no se han concretado los indicios iniciales que la Audiencia puso de manifiesto, principalmente en cuanto al ánimo de lucro y la determinación del montante económico malversado", cosa que aseguran no es así. Otra de las razones que alega es que se ha admitido la declaración de Yolanda Laviana en calidad de testigo y consta que esta testigo se puede acoger al derecho a no declarar dado que los hechos a juzgar sucedieron cuando estaba casada con Sergio Gamón, uno de los acusados.
También destaca que esta sección de la Audiencia "ya se pronunció en el sentido de que existen delitos suficientes acerca de la comisión de delito de malversación de caudales públicos", y apunta que en autos previos se señala que se han utilizado a "varios funcionarios a los que estaban pagando su nómina para destinarlos a fines ajenos a la causa pública".
En cuanto al importe malversado, defiende que "la dificultad en la determinación "no constituye obstáculo para que no pueda descartarse el grave perjuicio para la causa pública" y sostiene que lo investigado es "un delito de carácter público".
Malversación de fondos
Este procedimiento, reabierto en otras dos ocasiones, arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo el 29 de febrero de 2009.
La entonces ‘mano derecha’ de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid. Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.
