Ante la presente situación política y por ende el consecuente bloqueo político que subyace de la misma, España se enfrenta al riesgo de ser el primer país en democracia moderna en acudir a unas terceras elecciones generales. Esta situación acarrearía un descrédito internacional gravísimo así como un duro revés al sistema democrático en el cual los pilares de la maquinaria democrática resultarían bastante debilitados.
Cabe reseñar, que únicamente existe precedente en la repetición de los comicios generales con motivo del intento fallido en llegar a un acuerdo de gobernabilidad en dos países, tanto en Grecia donde ha sucedido en dos ocasiones como en Turquía donde ha sucedido en una ocasión.
El pacto anticorrupción suscrito por el PP y C’s establece en uno de sus puntos la reforma de la Ley Electoral, en el sentido de incrementar la proporcionalidad así como implementar un sistema de listas desbloqueadas, todo ello con la finalidad de evitar la repetición del actual bloqueo político.
El autor que suscribe las presentes líneas sostiene que el planteamiento de estas reformas conllevarían que el sistema electoral fuese más justo, aunque discrepa en la consecución del objetivo perseguido por las mismas. Asimismo significa, que el problema no radica en la propia ley, que obviamente es muy mejorable y discutible, sino en el inmovilismo, la poca altura de miras, el poco sentido de Estado así como de responsabilidad de algunos dirigentes políticos, escenario político el cual no habrían contemplado aquellos legisladores.
El espíritu de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, se cimentaba en la idea de favorecer la gobernabilidad, espíritu con el cual se comenzó a trabajar en el «proyecto de ley».
La conveniencia de la implementación de un sistema de listas desbloqueadas o abiertas, resulta muy discutible para diversos expertos en la materia, en países como Suiza en el cual la compleja arquitectura institucional conjuga a la perfección cantones, divisiones lingüísticas y equilibrios muy complicados, realmente funciona, pero, ¿en España sería positivo?. Como precedente histórico, cabría reseñar la desastrosa experiencia adquirida del sistema electoral de la II República.
La necesidad de llevar a cabo una reforma de la Ley Electoral es una realidad, siempre y cuando se lleve a cabo con la sensibilidad y la responsabilidad que este asunto merece supeditando cualquier interés partidista al espíritu de la propia ley, persiguiendo el objetivo de favorecer la gobernabilidad así como el hecho de otorgarle a la misma de mayor democraticidad.
El escenario actual, atendiendo a los resultados electorales cosechados, muestra un desenlace analógico al que se ha producido en otros países como Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Holanda, Bélgica, Italia…en los cuales, gobiernos en minoría, han surgido de pactos que han desbloqueado la subsecuente situación política.
Confiemos en la altura de miras y el sentido de responsabilidad política de nuestros dirigentes para así evitar las nefastas consecuencias que unos terceros comicios acarrearían.
Carlos Fernández-Roca Suárez, experto en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional.
