Esta semana ha concluido la instrucción judicial del llamado caso Madrid Arena, en referencia al lugar donde murieron aplastadas el 1 de noviembre de 2012 cinco jóvenes. El ‘Thriller Music Festival‘ se llamaba la macrofiesta que prometía a los asistentes “pasarlo de miedo”. Palabras que el infortunio y la negligencia de algunos convirtieron en un macabro augurio.
El juez López Palop ha imputado a 16 personas, entre las que no se encuentra ningún político, según ha subrayado la alcaldesa, Ana Botella, ya que ningún concejal ha sido finalmente imputado. Sin embargo, no hay que olvidar la ristra de delegados cesantes que desencadenó el caso. Al que se une ahora el jefe de la Policía Municipal. También han sido procesados puestos de responsabilidad de la antigua empresa pública Madridec, que gestionaba el recinto. No serán políticos, como dice la primer edil, pero sí son cargos políticos, es decir, nombrados por el Ayuntamiento.
Una de las lecciones del caso, y es bastante novedoso en la política española, es que, más tarde o más temprano, se ha conjugado el verbo “dimitir”. Algunos también se lo pidieron a Botella. No lo hizo pero quizá sea una de las razones que le pese para renunciar a presentarse a las próximas elecciones. Aún no es un hecho pero todo apunta a que no será la cabeza de lista del PP en Madrid.
Aparte de las responsabilidades políticas, el magistrado dispara contra los organizadores del evento como culpables directos de lo ocurrido. Y no es para menos. En una pabellón con un aforo para 10.000 personas llegaron a entrar 23.000, algunas menores de edad. Y, para más inri, tras la tragedia quisieron ocultar entradas para que no conociéramos la gravedad del sobreaforo.
Muertas cuando no lo estaban
Pero la irresponsabilidad de los promotores, con el empresario Miguel Ángel Flores a la cabeza, va más allá. Las cámaras de seguridad no grababan, se abrió un portón principal durante la actuación de Aoki que provocó avalanchas, la seguridad interna no realizó bien su trabajo y la actuación del septuagenario doctor Simón Viñals fue lamentable. Lo dice el juez: “Su supervisión en la preparación y dotación del habitáculo mal llamado enfermería fue negligente y temeraria, dando por muertas a tres chicas que no lo estaban”.
¿Qué hemos aprendido de todo este asunto? Las normas de seguridad están para cumplirse y no sólo para figurar en una directiva. Un evento de tantísimas personas debe controlar severamente los aforos, menores, instalaciones, salidas de emergencia, alcohol, etc. Los cargos políticos nombrados para vigilar estas cuestiones tienen que hacer su trabajo y no sólo llevárselo crudo. El personal que trabaja en el interior de estas fiestas tiene que ser profesional y no amiguetes de quien monta el sarao. No se deben conceder licencias de gestión a empresarios con dudosa reputación y con deudas pendientes a las administraciones…
En el juicio se dirimirán las responsabilidades definitivas sobre el caso. Pero no hace falta esperar más para atajar los problemas generales. Y así dejaremos de lamentar más tragedias de este tipo.
