Fin de curso, menores, alcohol se mezclan estos días en fiestas de todo tipo, muchas de ellas ilegales. Llevamos varias semanas con noticias de ‘raves’ de este tipo que han tenido que ser desalojadas por la Policía Municipal de Madrid. No es casual que los agentes hayan intensificado la vigilancia porque cada vez hay más. Pero, ¿cuál es la razón de esta proliferación?
Este tipo de fiestas no son nada nuevo. De hecho, es difícil encontrar a alguien que en esa edad no haya asistido a una. Lo que ocurre es que ahora es que hay más y que ya no se circunscriben únicamente al fin de curso o Navidad, sino que son habituales todos los fines de semana. Los menores argumentan que no existen opciones para que ese sector de la adolescencia se lo pase bien. Es cierto que las distintas administraciones no les proporcionan alternativas de ocio, teniendo en cuenta que hasta que no tienen 18 años no pueden entrar en pubs ni discotecas. Y las que puedan asistir, las llamadas fiestas ‘lights’, no les gustan. Y no les gustan porque precisamente no hay alcohol y acaban a primera hora de la noche. El botellón, antaño consentido, ahora ya no está prohibido y acarrea importantes multas para los que les pillan.
A esto le sumamos que hoy en día es mucho más fácil que antes organizar un evento, ya que los medios de captación se han multiplicado gracias a las redes sociales. Y que estas fiestas ilegales son un negocio tanto para los llamados ‘relaciones públicas’ como para los dueños de los locales o inmuebles que los alquilan, la mayoría con la bebida incluida. Por unos 20 euros les ofrecen barra libre durante varias horas. En la mayoría de los casos deben depositar una fianza previa y algunas otras deben poner todo el dinero por adelantado, bajo el riesgo, que ya ha ocurrido, de ser estafados y de que el final la fiesta nunca llegue a celebrarse. Por supuesto, que el aforo y las medidas de seguridad no cuentan en este tipo de eventos. Y los menores fuman dentro para evitar que al salir hagan ruido y venga la Policía.
El pasado mes de abril la Policía Municipal rescató a menores retenidos durante una hora en unos oficinas en el distrito de Fuencarral, que hacía las veces de garito. El organizador cerró las puertas del edificio para que los agentes no pudieron acceder. La fiesta había sido organizada sin ningún tipo de autorización con un coste por entrada de seis euros y en un local que no contaba con salidas de emergencia ni ninguna otra medida de seguridad. En su interior había luz tenue debido a la falta de suministro eléctrico, mesas repletas de botellas de alcohol y restos de tabaco. El organizador salió públicamente a defenderse de las acusaciones: “Ellos no se querían ir. Decían que era su fiesta”. En una de estas últimas quedadas clandestinas había incluso profesores. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha dado orden de aumentar la vigilancia. Así, en lo que llevamos de año han destapado más de una veintena de fiestas ilegales.
Además, recuerdan que la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid contempla estas infracciones como muy graves. Esto supone que la sanción que podrían tener que afrontar los responsables de estas fiestas oscila entre los 60.001 y 600.000 euros, que podría llegar hasta los 900.000 si se consume alcohol. Pero más importante que intimidar con importante sanciones es sensibilizarse con la situación, ya que una de estas fiestas podría acabar en una tragedia debido a las ausencia de medidas preventivas o de seguridad en el caso de, por ejemplo, un incendio. Aún estamos a tiempo de evitarlo.
