El juez de la Audiencia Nacional encargado del ‘caso Lezo’, Manuel García Castellón, ha emitido un auto de imputación este miércoles, 27 de diciembre, para los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra de Inassa en el año 2001 y que mantenían estrechos lazos con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien por el momento no ha sido citado.
De esta manera, salen a la palestra de investigados los nombres del exconsejero, Pedro Calvo, el actual presidente de ADIF, Juan Bravo, el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, además de dos cargos también del Canal, Pablo López de las Heras y José Antonio de Cachavera, entre otros. El magistrado interpreta que estas personas tuvieron un papel fundamental en la adquisición de la filial colombiana por 73 millones de dólares.
Así, García castellón acepta la solicitud de imputación que la Fiscalía presentó la semana pasada. En el escrito que dirigió al juez instructor, Anticorrupción ve evidente «la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana».
