Los representantes de Podemos y PSOE en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, Eduardo Gutiérrez y Mercedes Gallizo, explicaron hoy que en la reunión de este martes se habló de las conclusiones provisionales del Campus de la Justicia y anunciaron que las llevarán a la Fiscalía. Ciudadanos lo está estudiando y el PP está en contra de esa iniciativa.
Mercedes Gallizo dijo que en la reunión de hoy «hemos recopilado todo lo averiguado y aportado muchas documentación» sobre el Campus de la Justicia, y señaló que «se perciben irregularidades importantes en la gestión del dinero público».
Dijo con respecto a este proyecto que «todavía no sabemos cuánto ha costado, unos 130 millones de euros», porque existen «algunas cuentas pendientes y reclamaciones de empresa que no se han sustanciado».
A su juicio, lo sucedido «no es solo una mala gestión o que alguien se ha equivocado», sino que hay «actuaciones plagadas de irregularidades y contrataciones fuera de los cauces normales, con la finalidad política de vender un proyecto que nunca llegó a hacerse pero que daba prestancia».
Asimismo, explicó que es partidaria de llevar esos papeles a la Fiscalía para que determine si detrás de estas irregularidades hay responsabilidades penales.
Delito y despilfarro
El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez dijo que «vamos a acelerar la remisión de citado informe a la Fiscalía», porque «se acumulan suficientes indicios de que se cometieron delitos o despilfarros inexplicables» en el proyecto del Campus de la Justicia.
«Muchos de sus responsables tiraron 140 millones de euros a la basura y algunos de ellos siguen en el Grupo Popular», dijo Gutiérrez, quien afirmó que el PP «busca ganar tiempo para que prescriban los delitos».
Asimismo, defendió enviar a la Fiscalía los papeles sobre las inversiones del Canal de Isabel II en Latinoamérica, al existir a su juicio posibles delitos de blanqueo de dinero.
La diputada de Ciudadanos Susana Solís dijo que en los documentos se ven distintas responsabilidades administrativas, políticas o mercantiles y señaló que «hemos visto que hay de todo, además de 105 millones que se han despilfarrado».
«También apuntamos a posibles delitos societarios, como administración desleal», indicó Solís, quien añadió que «creemos que habría que trasladarlo a la Fiscalía, pero hay que ser rigurosos y ver antes bien la documentación».
El diputado del PP Juan Antonio Gómez-Angulo, que es contrario a llevar estos papeles a la Fiscalía, dijo que «el único que ha llevado temas a la Fiscalía ha sido el Consejo de Administración del Canal, con el visto bueno de Cifuentes, relacionados con operaciones en Latinoamérica».
De cualquier forma, declaró que cada grupo puede ir a la Fiscalía si aprecia conductas delictivas.
