El 18,1% de la población de la Comunidad de Madrid vivía a finales de 2010 en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje hasta ocho décimas superior al registrado en el ejercicio anterior.
Así se subraya en un informe del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid presentado este miércoles, en el que el colectivo alerta del aumento de la demanda de intervenciones sociales, en especial de ayudas económicas de emergencia, en coincidencia con un recorte presupuestario en esta última partida.
En rueda de prensa, la vicedecana, Mar Ureña, pronosticó que “en cuanto se publiquen los indicadores de 2011, veremos que el porcentaje de madrileños por debajo del umbral de la pobreza habrá aumentado”, y a modo de ejemplo citó que el número de perceptores de la Renta Mínima de Inserción creció más de un 21% y que el desempleo se incrementó un 200% desde principios de 2009.
Todos estos datos dan idea de la "avalancha” de peticiones a la que tienen que hacer frente los servicios sociales de la Comunidad, que realizan unas 5.000 actuaciones al día, indicó.
Si a ello se añaden los recortes en la plantilla de trabajadores, la situación es “casi de colapso, con listas de espera de dos o tres meses, que pueden llegar hasta seis", señaló Ureña.
"Esto no tiene ningún sentido cuando se trata de ayudas económicas de carácter urgente", agregó la vicedecana, para quien “se está perdiendo el sentido de justicia social” que dichos servicios han de buscar.
Más inversión
El informe destaca asimismo que aunque el presupuesto para atención social procedente de la Comunidad se mantiene, las ayudas económicas directas han sufrido importantes recortes en lugares como el Ayuntamiento de Madrid, donde “prácticamente se han agotado”.
Según Ureña, el problema es que la legislación reconoce estas ayudas, pero su desarrollo reglamentario “es insuficiente o no existe. “Esto produce una total falta de transparencia y de criterio en los baremos de acceso, tiempos, trámites necesarios, perfiles de los beneficiarios, etc.”, lamentó.
Por todo ello, pidió a la administración competente homologar el funcionamiento de estas ayudas y fomentar su difusión, pues muchos posibles destinatarios no las conocen.
Finalmente, el informe exige incrementar el presupuesto de servicios sociales en la misma medida en que lo hacen las necesidades de la población, mejorar las ratios de asistentes sociales por habitante e incluir a los inmigrantes irregulares entre los beneficiarios de estas ayudas.
