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25/08/2014 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Jaime Lissavetzky muestra la denuncia admitida a trámite.
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El auto del juzgado de instrucción número 38 puede suponer un vuelco en el proceso de venta de 1.860 viviendas de la EMVS

El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por el grupo municipal socialista ante la venta de viviendas sociales a fondos privados de inversión realizada por el Gobierno de Ana Botella. Según el auto, los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la existencia de una infracción penal”. El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, quien interpuso la demanda ante la Justicia ha acogido esta decisión como un paso que puede “parar el atropello” de la alcaldesa. Los vecinos que residen en las viviendas de protección oficial que han sido adquiridas por los denominados “fondos buitre” han recuperado la esperanza en que se suspendan los desahucios a quienes no pueden pagar los precios y condiciones impuestas por los nuevos propietarios.

El auto del juzgado de instrucción número 38, emitido el pasado 18 de agosto, puede suponer un vuelco en el proceso de venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo (EMVS) a fondos de inversión privada. El PSOE denunció ante instancias penales esta venta que considera una barbaridad desde el punto de vista social y económico, después de haber agotado todas las vías políticas, tanto en las comisiones como en el pleno municipal.
 
“Se han vendido 1.860 viviendas a un precio más bajo que una subasta”, explicó el portavoz socialista. Las casas, localizadas en los distritos de Carabanchel, Vallecas y Centro, habían sido construidas en suelo municipal con financiación pública. “Algo que es de todos los madrileños se ha vendido a un precio irrisorio a inversores privados”, clamó Lissavetzky.
 
El líder socialista acudió ante los tribunales ante la “impotencia de poder negociar con la alcaldesa quien desde el primer momento sostuvo que lo único que había ocurrido era que las viviendas “habían cambiado de casero”. Pero el nuevo casero ha cambiado las condiciones del contrato con los inquilinos, hasta el punto de que se han iniciado desahucios.
 
Malversación de caudales
 
Parte de las personas que residen en los pisos construidos por la EMVS son personas discapacitadas cuyas viviendas han sido adaptadas a sus minusvalías, son muy mayores o llevan ocupando viviendas desde hace muchos años y pagando alquileres que rondan la media de 700 euros mensuales. “El auto del juez conlleva la posibilidad de suspender cautelarmente los desahucios”, explicó el concejal socialista Gabriel Calles, responsable de los asuntos de Urbanismo.
 
La argumentación de los socialistas para presentar la demanda radicaba en dos conceptos: por un lado denunciaban la sustracción de la utilidad social de cosa propia, y, en segundo lugar, la malversación de caudales públicos.
 
El PSOE considera que las viviendas de la EMVS cumplen una función social, “algo impensable en un fondo buitre que tiene como único objetivo el beneficio económico”, reiteró Lissavetzky. De otro lado se denuncia que los pisos han sido vendidos a un precio de 65.000 euros cada un, “menos que el precio de subasta”. Dadas estas circunstancias, el juzgado deduce que podría darse infracción penal en la actuación del gobierno de Ana Botella.
 
La venta de viviendas sociales forma parte de las decisiones urbanísticas tomada en los últimos años por el Ayuntamiento que se han convertido en “una pesadilla”. Sin embargo, en este caso Lissavetzky considera que se ha dado un “salto social” por el impacto que tendrá en la vida de muchos ciudadanos.
 

El portavoz socialista ha lamentado tener que recurrir a la Justicia para solventar problemas de carácter político, pero alega que no ha tenido más remedio en vista de la “absoluta frialdad” de la alcaldesa









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