La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que tome declaración como imputado al concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, al considerar que los chistes sobre Irene Villa y el Holocausto que reprodujo en Twitter hace cuatro años podrían constituir un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.
En un auto notificado este jueves y del que se hace eco Europa Press, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal admite los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y Dignidad y Justicia (DyJ) y revoca el auto de archivo de la causa que el juez instructor dictó en julio pasado. A su entender, los comentarios no sólo afectan al "honor individual de una víctima en concreto" sino a "la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares como colectivo".
Justo después de llegar al Ayuntamiento se destapó un considerable escándalo por una serie de tuit que Zapata escribió en su cuenta de Twitter. Entre ellos, por ejemplo, el 31 de enero de 2011 publicó uno en el que decía "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos", lo que para la Fiscalía entraña "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares".
Además de esta publicación, que el edil escribió con un usuario llamado @casiopeaexpres, el informe del Ministerio Público mencionaba un segundo mensaje publicado el mismo día en el que reprodujo un chiste sobre el Holocausto: "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero". El concejal defendió que puso estos comentarios en el marco de un debate sobre el "humor negro" y sus límites.
Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno de Ahora Madrid ha informado en un comunicado de que el edil del ayuntamiento declarará cuando sea llamado a hacerlo y es "el primero" con ganas de explicarse: "El concejal Guillermo Zapata acudirá a testificar el día que sea requerido. Él es el primero con ganas de explicar quién es, qué hace y qué piensa". En esta línea, ha añadido que "se respetan las decisiones de los tribunales y la independencia de la Justicia, como no podría ser de otro modo".
