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El Ayuntamiento de Madrid rescinde un contrato de renting de la Policía Municipal

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El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado al contrato de arrendamiento de vehículos para la Policía Municipal, suscrito el pasado 14 de mayo por la antigua corporación por un periodo de cuatro años y un coste de 28 millones de euros, al no estar ajustado a las necesidades reales de este servicio ni adecuarse a una gestión eficiente de los recursos públicos. Un estudio pormenorizado de reubicación de vehículos garantiza que las necesidades de vehículos de policía queden cubiertas en todos los distritos y todos los turnos. El servicio habitual está asegurado.

La nueva corporación cuestionó la idoneidad de este contrato por varios motivos. Si se hubiera dado vía libre al contrato, la Policía Municipal contaría con un total de 1.300 vehículos, cuando el total de operativos por turno en los casos de mayor necesidad  ronda los 1.000 agentes.

En el estudio del parque automovilístico de Policía Municipal, tanto en vehículos de propiedad como de renting, se ha comprobado que la mayor parte los vehículos no alcanzan los kilómetros indicados en los pliegos, siendo éste un dato importante a la hora de calcular el coste de los vehículos. Las condiciones del concurso (teniendo en cuenta aspectos como la cantidad de dinero a invertir por la empresa, la fianza o el tema de las patentes) cerraban las posibilidades de presentarse a la gran mayoría de las empresas del sector.

Respuesta a las necesidades reales

Tras un análisis realizado por la propia Policía Municipal, se ha detectado la necesidad de adquirir o arrendar un número inferior de vehículos para satisfacer las demandas completas del Cuerpo, gestión que ya está en marcha. Por otra parte, con el ahorro que supone la rescisión de este contrato se podrán comprar chalecos antibalas, que era una reivindicación policial desde hacía mucho tiempo.

Contrato de drones

Un segundo contrato que se ha paralizado por parte del Área de Salud, Seguridad y Emergencias es el que iba a destinar 200.000 euros a la adquisición de seis dispositivos aéreos pilotados en remoto (RPAS), más conocidos como drones. En un primer momento se consideró que podrían ser unas herramientas útiles para supervisar las emergencias en grandes eventos. Pero finalmente se ha desestimado por varias razones: el coste económico no está lo suficientemente justificado;  el contrato no recoge de manera concreta el destino para el que van a ser utilizados estos dispositivos;  y además una revisión del 10 de julio de 2015 de la Ley 18/2014 (emitida por el Ministerio de Fomento y la Agencia Estatal de Seguridad) prohíbe el vuelo de estos aparatos sobre áreas urbanas para funciones, por ejemplo, de autovigilancia.

En relación a dicha revisión, la ley sí que permitiría el uso de los drones “en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como la protección y socorro de personas y bienes y cuando les sea requerido por las autoridades responsables de la gestión de dichas situaciones”. Sin embargo, el contrato que ahora se paraliza no recoge claramente el uso que se le iba a dar a los drones. No especifica qué cuerpos operativos del Área de Salud, Seguridad y Emergencias iban a utilizarlos.  Para evitar confusiones, se ha considerado paralizar el concurso y estudiar la necesidad, idoneidad y eficiencia de lanzar un nuevo contrato.

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