El responsable del área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la delegada del área de Igualdad, Celia Mayer, han notificado al Juzgado de Instrucción nº21 de Madrid quiénes les representarán cuando acudan a declarar en calidad de imputados el próximo mes de septiembre. El despacho de abogados Gonzalo Boye, quien fuese condenado a 14 años de prisión por haber colaborado en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, será el encargado de la defensa de los dos concejales de Ahora Madrid.
En concreto, el propio letrado Gonzalo Boye representará al edil de Economía y Hacienda, mientras que el expediente de su compañera de Gobierno será llevado por Isabel Elbal -del mismo gabinete-. Tanto Sánchez Mato como Mayer se comprometieron a que los costes del proceso judicial correrán por cuenta propia, de ahí que hayan depositado su confianza en el que para muchos es el letrado favorito de ‘la izquierda’.
Sin embargo, dicho nombre no solo viene aparejado por la tendencia política, sino también por la condena a 14 años de prisión que la Audiencia Nacional le impuso en 1996 al entendeer que éste había colaborado con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. No obstante, Boye salió en libertad seis años antes, y con la lección de derecho aprendida, pues durante su estancia en la cárcel, adquirió los conocimientos normativos necesarios para emprender la faceta de abogado.
Es en este rol donde Boye se ha convertido en un referente tras enabolar los Derechos Humanos y haber participado en casos como los juicios del 11M, la querella contra George W. Bush por Guantánamo, el juicio al magistrado Elpidio Silva o el Caso Bárcenas. Todo ello compaginado con la edición de la revista satírica Mongolia.
Ahora, el despacho de abogados tendrá que elaborar la estrategia frente a los tres delitos que se les imputa a Sánchez Mato y Celia Mayer: prevaricación, malversación de fondos públitos y delito societario. Los tres en el marco de la denuncia presentada por éstos contra el convenio del Mutua Madrid Open ante la Fiscalía; una denuncia que se encontraba fundamentada en dos informes jurídicos externos que los concejales adjudicaron ‘a dedo’ y sin concurso previo.
