El próximo 4 de diciembre de 2017 entrará en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2013 que obliga a que todos los edificios residenciales sean a accesibles a personas con discapacidad. No obstante, según calcula el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) el 60% de los edificios no habrían ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas (instalación de ascensor, rampas y dispositivos electrónicos o mecánicos que favorecen la orientación o comunicación con el exterior).
“Aunque los administradores de fincas estamos trabajando desde hace años para garantizar la accesibilidad de las viviendas, existen una serie de dificultades para producir los cambios necesarios en no pocas comunidades de propietarios. Para empezar, las comunidades, en general, no disponen de recursos para la ejecución de las obras necesarias”. En este sentido, las tasas e impuestos, el coste de las instalaciones, así como los gastos generados para la presentación de la documentación técnica, dificultan que los vecinos tomen una decisión satisfactoria.
En segundo lugar, el retraso en la concesión de licencias por obras por parte de las administraciones madrileñas, en torno a siete u ocho meses, “hacen interminables este tipo de ejecuciones y comprometen, incluso, los plazos para la obtención de subvenciones autonómicas o estatales”, recuerda Martínez.
Los últimos programas de ayudas convocados por el Ayuntamiento de Madrid (Plan Mad-Re), que pueden cubrir un buen porcentaje de los costes por obras destinadas a la accesibilidad, “tampoco garantizan la supresión de barreras, puesto que siempre surge la incertidumbre de no saber si éstas van a ser concedidas, y posteriormente abonadas”.
La revalorización catastral a que tendrán que hacer frente los propietarios de viviendas en donde se ha instalado un ascensor, y que se traduce en un incremento del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), es otro de los escollos que han observado los administradores.
Para hacer efectiva la accesibilidad en la totalidad de los edificios, desde el CAFMadrid se considera que las Administraciones deben coordinar sus estrategias y enfocarlas hacia la reducción de impuestos y no hacia las subvenciones. Proponen, por ejemplo, financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10 al 7%.
También, solicitan a los distintos organismos públicos estudiar nuevas fórmulas de financiación y convenios con bancos que posibilite el necesario impulso para la instalación de ascensores, vía créditos blandos a muy bajo tipo de interés.
“CAFMadrid ha solicitado una serie de entrevistas con responsables de las administraciones implicadas y grupos políticos para sensibilizarles sobre la realidad existente y conseguir que la accesibilidad de los edificios residenciales deje de ser una asignatura pendiente”, señaló Martínez.
