Los inmigrantes no son entes abstractos, son personas que viven y trabajan en ámbitos reales; en ciudades y barrios. Madrid es un claro ejemplo de convivencia pues en sólo doce años esta población ha pasado de un 2,8 % hasta representar el 17% de los madrileños. En la capital viven vecinos de 176 nacionalidades distintas. Una encuesta, realizada por el Ayuntamiento en 2009, reveló que más del 70% de los inmigrantes residentes en la capital, nunca se ha sentido discriminado y que su percepción ha disminuido notablemente entre 2005 y 2009. A estos datos hay que añadir que ocho de cada diez extranjeros que residen en Madrid consideran que es el mejor lugar para vivir.
Para dar a conocer la política a favor de la integración de los inmigrantes y en contra del racismo y la xenofobia, la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, participó esta mañana en la Mesa Redonda "Racismo y Xenofobia. La labor de los ayuntamientos" que, dentro del XXI Encuentro sobre Derecho de Extranjería y Asilo, organiza el Colegio de Abogados de Madrid.
Las iniciativas municipales para favorecer la integración de los inmigrantes se basan en un principio esencial: el respeto a la dignidad de las personas, valor supremo que no entiende de orígenes, etnia, sexo, situación legal o administrativa. La dignidad, como fuente de los derechos fundamentales, debe contribuir a inspirar al poder público y a servir de guía en caso de conflicto o colisiones entre derechos.
Respeto a la dignidad de las personas
Como recordó Dancausa en su intervención, en España el respeto a la dignidad de las personas está amparado por la Constitución y es una obligación, jurídicamente exigible, que afecta a todos los poderes públicos. Competencia del Estado -o de la Unión Europea, en su caso- es tipificar y sancionar los actos y conductas racistas y xenófobas a través del Código Penal y del derecho internacional.
En esta división de poderes le corresponde a la administración local la tarea de informar, sensibilizar, proteger y apoyar a las víctimas de actos racistas y discriminatorios. El Ayuntamiento madrileño fija en la lucha contra esta desigualdad, uno de los ejes estratégicos del II Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, basado en la tolerancia, la convivencia y el respeto a la diversidad.
Desde los Servicios Sociales municipales se ofrece una serie de prestaciones como la orientación jurídica en materia de extranjería, se apoyan proyectos de entidades sociales para luchar contra la lacra de la discriminación, se colabora con otras ciudades a través de proyectos específicos y se desarrollan acciones formativas y de sensibilización. Además, el Ayuntamiento dispone de órganos de participación como la Comisión de Racismo del Foro Madrid de Diálogo y Convivencia en el que personas, entidades e instituciones tienen la oportunidad de intercambiar experiencias y formular propuestas. "Todos los servicios municipales en materia de inmigración -enfatizó Dancausa- tienen un objetivo último y claro: favorecer la convivencia y evitar la formación de guetos y marginación".
Servicio de Orientación Jurídica para Extranjeros
La primera característica de este servicio municipal es su gratuidad. Está a disposición de todas las personas de origen extranjero con el fin de facilitar su integración y, en el caso de sufrir algún tipo de tropelía racista, se le ofrece defensa jurídica en juzgados y tribunales. En este punto hay que destacar la importante labor del Colegio de Abogados de Madrid, ya que las consultas planteadas relacionadas con la discriminación son enviadas a esta institución y reciben respuesta en un plazo inferior a 24 horas. Este Servicio, que se ha convertido -según Concepción Dancausa- en un "referente de ámbito nacional", tiene sus sedes en los centros de servicios sociales y en las oficinas de información y dispone de profesionales cualificados y abogados en cada uno de los 21 distritos de la ciudad.
Desde su puesta en marcha, en 2008, se han atendido más de 21.600 consultas, las más frecuentes relacionadas con autorizaciones de trabajo, residencia, reagrupaciones y procedimientos de expulsión. De estas demandas, el 76% proceden de inmigrantes latinoamericanos; bolivianos, ecuatorianos, peruanos, paraguayos, dominicanos y brasileños son las nacionalidades que más acuden en busca de soluciones a sus problemas. Las personas procedentes de África representan el 13% del total, mientras que los nacionales de la Unión Europea y de la Europa extracomunitaria son el 9 y el 2% respectivamente.
De los datos de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid se desprende que el perfil del usuario tipo es una mujer joven, con estudios básicos y con empleo en el servicio doméstico. Su lugar de residencia en la capital se fija sobretodo en Puente de Vallecas, Hortaleza, Tetuán, Ciudad Lineal, Usera, San Blas y Latina.
Para que estos profesionales puedan desempeñar bien su cometido es imprescindible una buena formación en la materia, para ello se organizan jornadas y sesiones sobre temas tan diversos como el arraigo social, las reagrupaciones familiares, los menores o la reforma de la Ley de Extranjería. Hasta este momento más de 780 trabajadores sociales han tomado parte en estas actividades formativas.
