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12/04/2013 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Reunión de Lissavetzky con representantes hosteleros.
Denuncian que existen 8.000 plazas ilegales de aparcamiento en Madrid
El PSOE propondrá en el pleno inspecciones específicas y medidas para evitar el fraude y el intrusismo en este sector.

Representantes de los hosteleros madrileños cifran en 8.000 plazas ilegales las que están abiertas en Madrid para dar alojamiento a turistas. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, y el concejal Gabriel Calles, responsable de temas de Economía del grupo socialista, se entrevistaron ayer con representantes de las principales asociaciones madrileñas del sector de hostelería y les dieron cuenta de una iniciativa que se presentará en el Pleno que se celebrará en el Ayuntamiento el próximo 24 de abril. El problema del intrusismo fue el eje del encuentro.

“En esta proposición se pretende luchar contra ese intrusismo, contra la economía sumergida que está perjudicando al sector tan importante para la economía madrileña”, explicó Jaime Lissavetzky.

Según los representantes de las asociaciones en las que están incluidos hoteles, hostales, apartamentos y apartahoteles, en la Comunidad de Madrid hay 8.000 plazas que se ofrecen de forma ilegal, lo que además de ser un fraude a la hacienda pública y al consumidor, supone un gran perjuicio para las empresas que ejercen la actividad de manera regularizada. La competencia desleal, anunciándose en Internet y eludiendo el pago de impuestos e incumpliendo las ordenanzas, ha contribuido a que más del 15% de los establecimientos hosteleros hayan cesado en su actividad durante los últimos dos años.

La proposición que el PSOE llevará al pleno tiene tres puntos: instar a las administraciones central y autonómica a perseguir el fraude fiscal y laboral, para evitar el intrusismo y la competencia desleal; crear una comisión de trabajo en el Ayuntamiento en la que se integren representantes municipales y entidades asociativas para estudiar conjuntamente medidas para impedir la existencia de viviendas y locales que presten servicios de hostelería sin autorización; y encomendar a los servicios municipales competentes una inspección sobre inmuebles donde se presten esos servicios no autorizados, que debería realizarse antes del verano.









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