La de 2012 fue la primera Nochevieja sin macrofiestas en la capital en mucho tiempo a causa de un efecto colateral de los trágicos sucesos del Madrid Arena. Este año estará marcado por el endurecimiento de las sanciones a los organizadores y los mayores controles a las salas de todo este año.
El fortalecimiento de las penas vendrá de la mano de la nueva Ley de Espectáculos, que la Asamblea de Madrid aprobará previsiblemente el próximo jueves y en todo caso antes del cierre de año, una norma que sustituye a la de 1997 y duplica las multas a los infractores muy graves, que podrán llegar a los 900.000 euros.
La norma, un "compromiso" del presidente de la Comunidad, Ignacio González, tras reunirse en mayo con Isabel de la Fuente -madre de una de las víctimas del Madrid Arena, Cristina Arce-, duplica las multas de penas muy graves: serán de entre 60.001 y 600.000 euros -900.000 en caso de afectar a menores-, frente al tope actual de 300.000.
La norma, que inició el trámite parlamentario el 23 de julio y podría aún tener algún retoque antes de su aprobación definitiva, incluye por el momento una enmienda del PSM encaminada a permitir que los locales y establecimientos regulados puedan iniciar su actividad presentando una declaración responsable.
Además, la propuesta de reforma legal fija la inhabilitación cautelar de las personas y empresas que la incumplan, con el objetivo de impedir que presuntos infractores puedan seguir organizando espectáculos públicos mientras se resuelve un procedimiento sancionador.
También extiende la responsabilidad a las personas que formen parte de la dirección de una determinada empresa infractora y establece el decomiso cautelar de los ingresos obtenidos por los responsables del espectáculo.
Cuando se produzca una concentración masiva de personas en un evento objeto de sanción, la ley obliga a publicar en los boletines oficiales la sanción de inhabilitación, para evitar que las administraciones contraten con empresas incumplidoras.
Más de 80 inspecciones diarias
La mayor contundencia con los infractores se activará en el tramo final de un ejercicio en el que, en el caso de la ciudad de Madrid, las inspecciones a los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas han superado hasta octubre el total del año anterior -25.574, frente a 18.015-, con casi 85 inspecciones al día.
Estos controles han salpicado los medios de comunicación de desalojos en locales que duplicaban, triplicaban y hasta quintuplicaban sus cifras de aforo: el último titular caso sonado, la discoteca Moma, donde el pasado 17 de noviembre la policía municipal contabilizó 1.510 personas y cuya licencia permite 298.
La sanción propuesta por el Ayuntamiento de Madrid, conforme a la actual Ley de Espectáculos, consiste en 24 meses de clausura y una multa de 300.506 euros por una infracción muy grave; una pena económica que se duplicará en unos días, cuando entre en vigor la reforma legal.
Además, la proximidad de la Nochevieja ha motivado, por segundo año consecutivo, que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pida a la Federación Española de Municipios y Provincias que los ayuntamientos publiquen listas con las fiestas autorizadas, de modo que los ciudadanos puedan saber si el evento al que acuden tiene la licencia necesaria.
Aunque más dura, la reforma legal no es suficiente, han defendido en los últimos meses desde la oposición.
Mientras que el PSM ha reclamado una regulación específica de los macroeventos -aquellos con aforos de más de 5.000 personas-, IU ha pedido que el acceso a los mismos lo realicen policías, mientras que UPyD reclama que sea la Comunidad de Madrid, y no los municipios, los que instruyan y sancionen los expedientes muy graves.
Regulación de macroeventos
Desde las empresas, los afectados por los mayores controles piden una regulación de macroeventos que rija además a los grandes actos organizados por las administraciones.
El portavoz de la Plataforma de asociaciones empresariales del ocio y el turismo y la cultura de Madrid, Vicente Pizcueta, recalca que el "tema central" del debate debe ser ese "vacío legal" y recuerda que se han producido "incidentes" con consecuencias mortales a escala nacional más allá de Madrid.
Pizcueta cree que no tiene sentido un nuevo régimen sancionador para el que incumple sin establecer antes los criterios para regular los macroeventos y rechaza la "información sesgada" y una "estrategia equivocada" que genera confusión y "alarma injustificada".
"No se puede legislar para castigar a un sector que nada tiene que ver con la tragedia del Madrid Arena", apostilla Pizcueta.
Augura que este año no será "tan crítico" como el año pasado, cuando no hubo ni una macrofiesta de Nochevieja en la ciudad de Madrid, aunque recuerda que el hecho de que se organicen "una o dos" no es "relevante" en unas fiestas donde el público se concentra en los hoteles y las 4.000 salas, discotecas y bares de copas.
No obstante, destaca que, aunque en términos cuantitativos estas grandes fiestas tienen un lugar secundario, en términos de promoción internacional son "muy importantes".
