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25/10/2011 - Admin Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Lissavetzky exige conocer si la cesión del Metro a la Comunidad va a implicar su privatización o una subida de tarifas
El portavoz socialista se pregunta qué garantías existen para asegurar que no se privatizará el Metro.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha advertido hoy que el reparto de competencias entre el consistorio y la Comunidad de Madrid no debe perjudicar al ciudadano. El concejal ejemplifica este riesgo con la anunciada cesión del Metro de Madrid al gobierno que dirige Esperanza Aguirre: “Si la presidenta ha asegurado que no tiene ni un euro, qué garantías existen para asegurar que no se producirá una privatización del servicio o una subida de las tarifas para cubrir las deudas”, ha señalado Lissavetzky durante en una intervención en el Pleno Municipal correspondiente al mes de octubre, celebrado hoy.

Considera el concejal que el análisis de las duplicidades no es una cuestión banal pues atañe la “arquitectura municipal”. Por ello, ha defendido la creación de una comisión no permanente para  abordar a fondo el proceso y las consecuencias del reparto en sede municipal. Para Lissavetzky, la necesidad de crear este órgano es aún mayor cuando los grupos municipales han conocido las decisiones sobre los repartos competenciales a través de la prensa: "Estábamos de acuerdo en filosofía y lo único que no queríamos era que se perjudicara a los ciudadanos y que se mantuviese la calidad de los servicios. Pero nos hemos enterado por los medios de comunicación, y creemos que éste es un tema suficientemente importante”.

Opina Lissavetzky que, con esta actitud, Gallardón “no actúa con respeto político” y  señala que, cuando el primer edil ha buscado el acuerdo con el resto de grupos municipales, el PSOE ha estado a la altura “sin complejos”, como en el caso de medidas para activar el empleo en la ciudad y la decisión sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos. El concejal incluso ha recordado cómo él mismo, Gallardón y el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, pactaron de común acuerdo el estatuto de la Comunidad  de Madrid durante el mandato de Joaquín Leguina, sin que ninguna de las partes “se enterara por la prensa” de la decisión.

 









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