La portavoz del equipo de Gobierno, Rita Maestre, ha participado en representación del Ayuntamiento de Madrid en la Junta de Accionistas del Canal de Isabel II, en la que ha expuesto la preocupación del consistorio por la situación actual de la entidad.
El Canal de Isabel II está siendo actualmente investigada en la “Operación Lezo” por la presunta desviación de fondos públicos, lo que podría derivar en un importante perjuicio patrimonial para los ayuntamientos y, por ende, para los vecinos de Madrid. Por ello, ante la situación de la empresa, se considera necesario estimar el perjuicio que para los diferentes municipios puede suponer la presunta trama de corrupción, así como exigir responsabilidades de manera coordinada con el objetivo de restituir la confianza de la ciudadanía en esta institución.
Mayor transparencia
Entre las líneas que Maestre ha propuesto en la Junta de Accionistas destaca la exigencia de una mayor transparencia e información de la empresa del Canal, no sólo a sus socios sino al conjunto de la ciudadanía. “Vamos a pedir la información y la documentación que nos parece mínima y que como ayuntamiento tenemos que tener. No tenemos ni convenios, ni memorias económicas, ni los expedientes que han desarrollado en estos años y que hemos requerido al canal y se nos ha rechazado en diversas ocasiones”, ha señalado Rita Maestre.
Además también se solicita la revisión del papel de las inversiones del canal fuera de la región de Madrid y muy especialmente en el extranjero tal como ha destacado Maestre “vamos a exigir que el canal de Isabel II se centre en ser una empresa pública de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en la Comunidad de Madrid, y el fin de las inversiones en el extranjero, así como el de una sociedad que se ha dedicado a la compra y venta de acciones e inversiones y que no ha repercutido en un mejor servicio en la Comunidad de Madrid”.
Maestre finalmente ha votado contra las cuentas presentadas, dado que la auditoría no garantiza ni certifica las cuentas.
Esta postura ha sido debatida y es compartida por un importante número de municipios accionistas del Canal, entre los que destacan los que se encuentran agrupados en la Red de Municipios del Cambio, y con los que se han venido manteniendo diversas reuniones de trabajo para acordar estrategias compartidas de defensa de los intereses de la ciudadanía y del modelo de gestión del agua.
Entre los temas abordados también se encuentra la propuesta de cambio del nombre de la empresa, así como de los elementos de la comisión de auditoría. Estos municipios consideran imprescindible realizar los cambios que permitan comenzar el proceso de abandono de la actividad en el exterior y consideran necesario, y así lo exigirán, una revisión amplia de los estatutos respecto a la participación accionarial y que elimine el enfoque privatizador para reflejar el modelo de futuro.
Entre los ayuntamientos que han trabajado conjuntamente y comparten la posición del Consistorio madrileño se encuentra el de Alpedrete, Ciempozuelos, Torrelodones, Rivas, San Fernando y Pinto, junto con diversas Candidaturas de Unidad Popular en la oposición de los municipios de Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro, Getafe, Parla, Las Rozas o Collado Villalba y los grupos que forman el gobierno tripartito de Navalcarnero (PSOE Navalcarnero, Cambiemos Navalcarnero y el concejal no adscrito Juan Santos Benito).
