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13/09/2017 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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El número de cámaras de vigilancia instaladas en Calle 30 era inferior a la contratada
Tras examinar los contratos iniciales y modificados y el inventario de Madrid Calle 30, se detecta una diferencia entre las cámaras de seguridad abonadas y las existentes

La Comisión No Permanente de Investigación sobre la situación económica financiera de Madrid Calle 30 y su incidencia en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid ha celebrado su tercera sesión, en la que se han analizado cuestiones referidas al mantenimiento y explotación de Calle 30, el seguimiento del contrato de obras y auditorías realizadas, el proceso de tramitación del contrato modificado de 2007 (con un presupuesto muy superior al inicial), la factura de la luz o el mantenimiento de las infraestructuras a lo largo de los años.

Madrid Calle 30 es una sociedad mixta participada por el Ayuntamiento de Madrid, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, EMESA, que cuenta con el 20%. El consistorio destina anualmente cerca de 140 millones de euros a Madrid Calle 30, de los cuales solo 28 millones se destinan al mantenimiento y explotación de la infraestructura por parte del socio privado.

Este modelo de gestión centra la Comisión de Investigación, que también pretende esclarecer la fórmula elegida para construir la infraestructura, los sucesivos aumentos de presupuesto y posibles incumplimientos del contrato inicial y los contratos modificados posteriores.

A la sesión de este martes ha acudido el responsable de seguridad de los túneles de Calle 30, Santiago Vilariño, quien ha explicado que el número de cámaras de vigilancia existentes es inferior a los previstos en los contratos abonadosas cámaras forman parte de un circuito de televisión para incrementar la seguridad de los túneles, que implicaba la colocación y que preveía la instalación de 1.090 cámaras. Las inventariadas, sin embargo, son 978 unidades.

Vilariño se ha referido también a incumplimientos en medidas previstas, como los planes automáticos en caso de incendios, que podrían suponer también un incumplimiento de las condiciones contractuales. La seguridad actual en los túneles de la infraestructura es en todo caso óptima. 

 

El expediente y sus documentos

Durante la sesión de este martes se ha analizado también el expediente en el que en la actualidad no se encuentra la oferta inicial del adjudicatario, ni los documentos anexos que justificarían la aprobación en 2007 de un contrato modificado con un presupuesto ampliado.

Se han abordado además cuestiones relativas a las auditorías, destinadas a controlar el cumplimiento del contrato y de todos los servicios ofertados.

 

Comparecientes y ausentes

A la Comisión estaban citados varios de los responsables, políticos y técnicos, en su día, de diversos aspectos de Calle 30. Comparecieron y respondieron a las cuestiones planteadas por los cuatro grupos municipales (Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos) cinco personas: el representante del grupo municipal socialista, en su día, en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30, Félix Arias; la firmante de la conformidad del modificado de 2007 y del informe de Intervención General para dicha modificación, Paula Mato; el responsable de seguridad de los túneles de Calle 30, Santiago Vilariño; el director gerente de Madrid Calle 30, Ceferino San Román (designado a propuesta del socio privado); y el anterior director del contrato a partir de 2012, Pablo Usán.

No han acudido a la Comisión, a pesar de estar citados: el ex delegado de Seguridad y ex presidente de Madrid Calle 30, Antonio de Guindos; la ex delegada de Urbanismo y presidenta del Consejo de Administración en 2005, firmante del contrato entre Madrid Calle 30 y EMESA de 2005 y del acuerdo de Junta de Gobierno por el que se autoriza el gasto del modificado de 2007, Pilar Martinez; Jesús María González Pueyo, interventor general, firmante del informe de Intervención General para la modificación del contrato de 2007; Julio Gracián Gómez, representante de EMESA, firmante del contrato modificado entre Madrid Calle 30 y EMESA; y Juan Ignacio Beltrán García-Echaniz, representante de EMESA, firmante del contrato modificado entre Madrid Calle 30 y EMESA.

 

Madrid Calle 30, cifras y gestión cuestionada

La Cámara de Cuentas ha cuestionado el modelo de gestión de Madrid Calle 30, argumentando que la privatización no viniera acompañada de los necesarios estudios técnicos, jurídicos y financieros.

Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento de Madrid, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, EMESA, que cuenta con el 20% restante. Se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.

En junio del año 2007 entró en vigor la modificación del contrato entre Madrid Calle 30 y el Ayuntamiento y, por ende, la modificación de los servicios a prestar por el socio privado y su remuneración. Dicho contrato modificado está siendo actualmente auditado y forma parte de la investigación de la comisión.

El Ayuntamiento de Madrid destina anualmente cerca de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), de los cuales solo 28 millones aproximadamente, están consignados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto va al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades, si bien una porción revierte en el reparto de dividendos al Ayuntamiento de Madrid.

La sociedad se fundó inicialmente para construir los túneles de la M-30, de forma que el coste de estas grandes obras no computó como deuda municipal. El objeto social y la actividad principal incluyen la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora de la vía de circunvalación M-30 y de sus infraestructuras y espacios relacionados. La sociedad ya no tiene deuda, subrogada en 2011 al Ayuntamiento, aunque sigue funcionando con el diseño mercantil inicial.

 









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