En total, el consistorio de la capital ha tenido que abonar 64.625.547 euros para pagar esta sentencia, relacionada con una expropiación de terrenos hecha en el año 2000 por el Gobierno de Gallardón (PP) para la reforma de la M-30 y la construcción de Madrid Río.
Por ello, Ahora Madrid ha aprobado hoy, a mano alzada y con el apoyo de todos sus ediles, un acuerdo de no disponibilidad por esta cantidad, ante el que se han abstenido PP y Ciudadanos y que ha rechazado el PSOE. Este pago supone que el Ayuntamiento se ha desviado más en el objetivo de gasto aunque, según ha defendido el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ello no afecta al presupuesto de 2018, que está limitado por el plan económico financiero presentando al Ministerio de Hacienda, por lo que no hay diferencia entre haberlo abonado en 2017 o ahora.
Un argumento que ha rechazado la oposición, dado que si esta sentencia se hubiera abonado en 2017 se podría haber pagado con remanente de tesorería que sin embargo ha servido para adelantar el pago de la deuda, como ha recalcado el concejal del PP, José Luis Moreno. Si se hubiera pagado en 2017, a través de la cuenta 413 hoy «no estaríamos recortando en rehabilitación de vivienda», ha añadido el concejal madrileño, que ha acusado al Gobierno de Carmena de pagar a «terratenientes» en lugar de apostar por la inversión social.
Por su parte, la edil del PSOE, Eríka Rodríguez, ha criticado la falta de claridad de la operación, que impacta en el plan Mad-re y en la Agencia para el Empleo, y su imprevisión en el pago de esta sentencia que ha enmarcado en la «alargada sombra de los sobrecostes de la M-30.
«Tendría que haber evitado este error de 64 millones de euros. Las cuentas del Ayuntamiento de Madrid tienen que ser correctas», ha defendido por su parte el concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo. García Castaño ha denunciado que el actual Gobierno paga las deudas generadas por el PP, una sentencia «heredada» que «engorda un poco más los costes inconmensurables de la operación de la M-30» y ha defendido que las partidas afectadas por los acuerdos de no disponibilidad son las que «menos afectan».
Este nuevo acuerdo de no disponibilidad se suma al aprobado en el Pleno del marzo por valor de 43,8 millones de euros, con los votos en solitario de Ahora Madrid.
