El portavoz socialista en la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Ignacio Benito, ha exigido al gobierno municipal medidas para combatir las “precarias” condiciones que las empresas adjudicatarias del servicio Ocio Educativo imponen a sus trabajadores.
“El Grupo Municipal Socialista exige que se impliquen de una manera real en el control a las condiciones laborales de las empresas que prestan sus servicios para este Ayuntamiento, en la defensa de la dignificación del trabajo de este colectivo y que trabajen, dentro de las competencias, en la homogenización de las retribuciones.
Benito ha explicado que, desde hace años, estas actividades son prestadas por empresas cuya política laboral somete a los profesionales que desarrollan este tipo de actividades a una precariedad laboral extrema, “negándoles derechos y aprovechándose de la edad y de la necesidad de la mayor parte de estos trabajadores”, ha explicado el edil durante su intervención en la comisión.
Los trabajadores de Ocio Educativo en Madrid prestan un servicio público al impartir actividades de diferentes disciplinas relacionadas con el ocio en centros municipales diversos, la mayoría dependientes o vinculados al Área de Equidad (alrededor de un 30 %).
Al edil socialista no le sirve el argumento de que los trabajadores no dependen “directamente” del Ayuntamiento ni forman parte de las plantillas relacionadas con los concursos, al ser subcontratados habitualmente. “Un equipo de gobierno que se dice progresista y de izquierdas no puede mirar para otro lado mientras se precariza cada día más las condiciones laborales de este colectivo de trabajadores y trabajadoras que no dejan de prestar servicio, directa o indirectamente, al Ayuntamiento de Madrid y a sus ciudadanos”, ha detallado.
Según ha relatado, este colectivo sufrió un recorte salarial de casi un 50%, que se ha mantenido con el tiempo. Actualmente perciben entre 6 y 8 euros brutos por hora trabajada. Sin embargo, las empresas no contabilizan ni la preparación de las clases, ni las evaluaciones, ni los informes que les obligan a hacer. “Incluso la retribución varía en función del contrato, del distrito e incluso del centro donde prestan el servicio”, ha añadido.
A esta situación hay que sumar que habitualmente tienen contratos que en la mayoría de los casos son por horas o poco más de media jornada y prestan servicio en varios centros. “Por tanto, nos encontramos ante un colectivo que incluye a muchas personas con trabajo en riesgo de pobreza relativa”.
“Cuando un trabajador o una trabajadora lo es prestando un servicio municipal, sus condiciones laborales tienen que estar especialmente garantizadas, ya sea funcionario o perteneciente a una empresa adjudicataria. Y el Ayuntamiento tiene que combatir la precariedad laboral si no quiere ser cómplice de la misma. Sí se puede. Sí se puede. Si se quiere, claro”, ha finalizado.
